Por: Salvador Cosío Gaona
Hace poco más de un año, en octubre de 2015, El Alto Comisionado de La Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU) Zeid Ra’ad Al Hussein visitó México para constatar la situación del país en esa materia y como ya se ha comentado, recientemente la ONU publicó las 14 recomendaciones que El Comisionado Ra’ad Al Hussein elaboró con motivo de dicha inspección y difundió la respuesta que en relación a ellas realizó el Gobierno Federal de México, que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto.
Peña afirma “que coincide con El Comisionado en varios de sus puntos esgrimidos que dice considerar interesantes y se compromete a reforzar su trabajo en temas como la seguridad y la investigación a las violaciones de derechos humanos; pero no acepta la sugerencia de abocarse a generar la creación y establecimiento de nuevas normas e instituciones» como lo planteó La ONU, porque afirma que las instituciones y leyes que se plantean ya existen.
Resulta obvio que el informe de La ONU sobre Derechos Humanos en México no gustó al gobierno de Peña Nieto y especialmente a los jerarcas de las fuerzas armadas, que siguen pugnando por que las fuerzas castrenses se mantengan intocables por la Justicia Civil, pero la sociedad recuerda que están pendientes los asuntos de San Mateo Atenco, Aguas Blancas, Apatzingán, Óstula, Tanhuato, Tlatlaya, entre otros asuntos en que se acusa y presume barbarie.
En referencia a las más de 27 mil desapariciones que se han registrado en poco más de 10 años de lucha militarizada contra el crimen organizado; los 151 mil asesinatos cometidos desde finales de 2006 y hasta la fecha de su visita, y la aplastante cifra de delitos que permanecen impunes que es del rango del 98%, además de considerar que son cifras descomunales y fuera de parámetros normales, El Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos recomendó crear un consejo de expertos que asesore al Gobierno en materia de derechos humanos para revertir la tasa de impunidad imperante en el país.
La recomendación de la ONU fue emitida en marzo y respondida apenas recientemente, ocasión que aprovechó la ONU para difundir al mismo tiempo el documento conteniendo el conjunto de recomendaciones y la respuesta del régimen de Peña Nieto, respuesta que además señala que ya existen instituciones independientes con expertos en el tema, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que tiene facultades de investigación pero no de sanción.
El Alto Comisionado recomienda también la creación de dos nuevas leyes que refuercen la investigación de los crímenes y desapariciones forzadas:una para crear un registro de personas detenidas por elementos policiacos o militares, a fin de evitar detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones; y otra para regular a nivel federal el uso de la fuerza por parte de servidores públicos, ya que diversos organismos –entre ellos la ONU- han documentado los crímenes de lesa humanidad cometidos en México por militares y policías, en medio de la lucha contra los cárteles del narcotráfico.
El Gobierno de Peña Nieto respondió a este respecto que analizará la posibilidad de crear esas leyes, sin embargo, insistió en que los mecanismos ya existen, “las instancias de seguridad pública cuentan ya con lineamientos que regulan el uso de la fuerza” con criterios estandarizados para todo el país, indica el documento de respuesta. Respecto al registro de las detenciones, la consideró “una idea Interesante.
La tercera de 14 recomendaciones de la ONU a México en materia de derechos humanos, es reformar el Código de Justicia Militar (CJM) para que la justicia civil también conozca las violaciones cometidas contra elementos del Ejército por parte de los mandos, así como las perpetradas contra la población civil.
El Gobierno respondió negativa y contundentemente a este punto, “la reforma de 2014 al CJM se encuentra siendo implementada y no es factible considerar mayores modificaciones”.
El documento acota que la reforma constitucional de 2011 da a las autoridades civiles “un marco jurídico suficiente y reforzado” para conocer las presuntas violaciones cometidas por militares; y si se desea conocer los casos en que éstos son la víctima, se puede solicitar ante tribunales a través de un amparo.
Derechos Humanos y Revictimización
El incumplimiento es una nueva violación a los derechos humanos, pues se revictimiza a quienes fueron objeto de daños graves, dice la
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) , la que dio a conocer que el 60% de las recomendaciones emitidas entre 2011 y 2016 a los tres niveles de Gobierno no han sido cumplidas en su totalidad. Entre los puntos que no han atendido las autoridades señaladas está la atención a las víctimas, procedimientos administrativos y penales en contra de los servidores públicos involucrados en los casos y tampoco se han ofrecido garantías de que el hecho violatorio no vuelva a suceder. El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, lamentó que no se atiendan las sugerencias hechas por el organismo. «No puede haber impunidad”, advirtió durante la presentación del informe especial.
El debido cumplimiento de las recomendaciones logra que las violaciones a los derechos humanos que dieron origen a los pronunciamientos sean debidamente resarcidas, que los responsables sean sancionados y que las afectaciones causadas a las víctimas sean reparadas. Por ello es importante que las autoridades acaten los pronunciamientos de la CNDH, afirmó González Pérez. Las dependencias e instituciones que tienen la mayor cantidad de los asuntos en trámite son la Comisión Nacional de Seguridad, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno de Guerrero.
El titular de la CNDH destacó que el incumplimiento es una nueva violación a los derechos humanos, pues se revictimiza a quienes fueron objeto de violaciones graves. La conducta de los servidores públicos incide de manera directa en el aumento de la impunidad y debilita el Estado de derecho. «La simulación, omisión, parcialidad y falta de apego a la ley en el cumplimiento de las recomendaciones puede ser igual de grave que la negativa a aceptar las mismas», reiteró.
Desde 1990, el organismo defensor de los derechos humanos en México ha emitido 2 mil 537 recomendaciones. El 54% han sido dirigidas a los Gobiernos de los Estados, el 35% a las autoridades federales y el 11% a servidores públicos de los municipios. En mil 879 casos, las autoridades señaladas cumplieron y emitieron pruebas de haber acatado al cien por ciento el fallo de la comisión. En el resto hubo un cumplimiento parcial, insatisfactorio o no se aceptó.
Las dos recomendaciones en trámite más antiguas son la 16/2000 dirigida a la Comisión Nacional del Agua y la 26/2001 enviada a la Presidencia de la República. Esta última ha sido calificada por la CNDH como una de las más significativas que ha integrado, porque fue la primera ocasión que dirigió una recomendación a un presidente de México, en ese entonces Vicente Fox Quesada. del conservador Partido Acción Nacional (PAN). El expediente contenía 532 quejas sobre la desaparición forzada de personas durante la década de los setentas y principios de los ochentas.
En el pronunciamiento se le solicitaba el Ejecutivo federal asumir «un compromiso ético y político para orientar el desempeño institucional en el marco del respeto a los Derechos Humanos y evitar que sucesos como los ocurridos se repitan en el futuro». También se le pedía instruir al procurador general a efecto de que designara un fiscal especial que se hiciera cargo de la investigación y persecución de los delitos referidos en la recomendación, donde en al menos 275 casos se acreditó la desaparición forzada.
No parece que la designación del nuevo titular de la Procuraduría General de La República vaya a generar un súbito cambio en cuanto a las normas de salvaguarda a los derechos humanos como tampoco el que haya una renovación de las instancias gubernamentales relativas y la aplicación de políticas públicas novedosas, sean la panacea.
Y mientras esto genera polémica, cunden los ejemplos del autoritarismo, pues se difundió ampliamente que La Policía Federal (PF) intentó detener a David Deolarte, fotógrafo del periódico El Sol de México, quién había acudido a la carretera federal México-Toluca, en el Estado de México, a reportar el hallazgo de cuatro cuerpos ejecutados. El periodista gráfico fue agredido por varios policías que acordonaron la zona. Los momentos de tensión fueron captados por Isidro Corro, un colega de Deolarte que también se encontraba cerca del kilómetro 35 de la vía. “La Policía Federal no permite nuestro trabajo, no permite que se levanten estas imágenes… están violando nuestro derecho y el derecho a estar informados”, dijo Corro mientras Deolarte se resistía al arresto y era defendido por otros reporteros. En un video que circuló y se hizo viral, se aprecia cuando los agentes federales hacen la detención del periodista, lo zarandean y lo esposan y pretenden subirlo por la fuerza a una camioneta de la PF pero fracasan en su intento y pretendieron generar la información en cuanto a que el fotógrafo de El Sol de México fue quien los agredió.
Deolarte muestra a la cámara que tiene esposas en ambas manos. Corro y otros periodistas aseguran que la detención se hizo “sin ningún argumento” y no tenía fundamento para llevarse a cabo.
Artículo XIX, una organización que protege la libertad de prensa, asegura que el arresto no se consumó y que está buscando la versión de las autoridades para saber qué generó la agresión. “La Policía Federal y el Gobierno del Estado de México deben garantizar el libre ejercicio de los periodistas y su integridad”, señaló Juan Vázquez, portavoz de la asociación. “Es una detención arbitraria y vimos en las redes sociales que hubo agresiones físicas”, agregó.
La Policía Federal ha señalado en un comunicado que tiene un «respeto absoluto» al trabajo de los medios de comunicación y los reporteros. Renato Sales, el comisionado nacional de seguridad y Manelich Castilla, el comisionado general de la PF, han ordenado iniciar una investigación por la actuación de los uniformados y determinar «si se excedieron en sus facultades».
Artículo XIX ha documentado un preocupante aumento de 77% en las agresiones a periodistas en el Estado de México en tan solo un mes. “Durante septiembre fueron documentados siete casos”, señaló el organismo no gubernamental en un informe especial sobre la entidad. Este año es el más violento contra la prensa en la entidad, con 16 agresiones, 12 de ellas fueron cometidas por servidores públicos y cuatro por miembros de partidos políticos. En 2015 fueron documentados 14 casos.
Con asuntos como ese que son ya demasiados en muchas entidades de México, más las denuncias constantes de agresiones a líderes y activistas sociales además de a comunicadores, como ocurrió tantas veces en Veracruz, Puebla, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero y otra docena de entidades más, es complejo para el gobierno de Peña desvirtuar los señalamientos de La ONU.
El asunto es que no existe intención de aceptar los problemas y menos aún de buscarles solución y es entonces cuando aplica esa máxima que dice que para que se pueda intentar resolver un problema lo primero es entender y aceptar que existe ese problema y solo así es posible avanzar a procurar amainarlo y resolverlo.
@salvadorcosio1
opinió[email protected]
