Y LA AUSTERIDAD EN EL PODER JUDICIAL ¿PARA CUANDO?
Por: Salvador Cosío Gaona
En días pasados, la Cámara de Senadores aprobó programas de austeridad del gasto y racionalización de los recursos que le permitirá ahorrar del erario público mil 500 millones de pesos para 2019, luego que su presupuesto en este 2018 fue de 4 mil 905 millones de pesos. Ahora bien, podemos interpretar que el Senado cumplió con la parte que se propuso, -aunque hayan regresado los cafés y las galletitas-. Ahora falta que se sumen otras instancias, otros poderes, otros órganos autónomos que gozan de privilegios, desembolsan en gastos suntuosos, cubren nóminas altísimas, y por si fuera poco, sus resultados dejan mucho qué desear.
Si anteriormente hemos criticado con severidad los faustos, el derroche, los lujos, el despilfarro y los privilegios que por décadas gozaron los integrantes del Senado de la República, es procedente reconocer el esfuerzo que realizaron hace unos días al lograr por votación unánime y sin discusión en el pleno de la Cámara Alta, la aprobación de programas de austeridad, que contemplan la eliminación de seguros de gastos médicos mayores, estímulos económicos a los funcionarios, pago de celulares, tarjetas de gasolina, mantenimiento de vehículos, peaje, reembolso de gastos de alimentación, y seguro de separación individualizado para todos los servidores públicos, así como la venta de vehículos. Con estas acciones, el Senado cumple su promesa de austeridad. La pregunta es, ¿los otros Poderes cuándo harán lo propio?
Conforme a información de la agencia Notimex, la aprobación incluye la eliminación del seguro de separación individualizado y se excluye también el complemento del aguinaldo equivalente a 40 días, prestación que se otorgó por muchos años a los funcionarios y trabajadores de base del Senado como una prerrogativa que autorizó a finales de los 80 el entonces líder del Senado, Emilio M. González, es decir, se trataba del pago de 40 días adicionales al aguinaldo. Una aberración insultante para la clase media y para quienes viven en pobreza en este país.
Asimismo procede el retiro del servicio de personal de mando de todos los vehículos oficiales, continuando su enajenación y por ende se eliminan las tarjetas de gasolina que entregaban a los mismos servidores públicos. A partir del 1 de septiembre se eliminaron también los vales de despensa, con excepto al personal de base y de sueldo equivalente, así como se omitió el servicio de telefonía para los funcionarios del Senado.
Los senadores también acordaron reducir en 50% las asignaciones a grupos parlamentarios y en 30% los techos presupuestales de apoyos técnicos a senadores; además, se prevé reducir de 64 a 42 el número de comisiones legislativas, suprimir las 16 comisiones especiales y disminuir los 4 mil 905 millones de pesos de presupuesto que recibió en 2018. Entre las áreas que recortarán su presupuesto están Comunicación Social, tecnologías de la información, adquisiciones y mantenimiento, eventos, publicaciones, asesorías, el Instituto Belisario Domínguez, así como el Centro de Capacitación y Formación Permanente. Estos planeas de Austeridad también establecen la reducción de viajes internacionales.
Entre estas medidas, también se aprobó suprimir gastos por concepto de café y galletas, botellitas con agua y las famosas viandas con salmón, quesos, fruta, semillas y tentempiés que representaban un desembolso de alrededor de 130 millones de pesos. Esta estrategia no resultó del agrado de todos los senadores, y fracasó en su primer día por lo que hubo de dar marcha atrás en algunos puntos de este acuerdo.
Pese a que les ha costado dejar sus múltiples privilegios, los senadores dieron un paso adelante y pusieron el ejemplo. Toca ver quién o quienes se sumarán al llamado pacto de austeridad. De entrada, el Congreso de la Unión -con su mayoría Morena, el partido del próximo presidente- estaría obligado a emular a la Cámara Alta. La mayor incógnita es si el Poder Judicial está dispuesto a seguir el ejemplo, toda vez que normalmente se desenvuelve como un Poder sin rienda, como un ente cortado aparte y poco le importa lo que se hable o se escriba de él. Son ofensivos los beneficios y sueldos que gozan los ministros, magistrados, y gobernantes. El Poder Judicial de la Federación ha sido omiso, se ha conducido en medio de la opulencia y los excesos. Ahora debe bajar del pedestal y voltear a ver la realidad del resto de los mexicanos y hacer también un esfuerzo por ajustar su presupuesto a la baja y someterse de igual forma a un programa de austeridad.
Notas periodísticas mencionan la existencia de más de 1,400 plazas de magistrados de circuito y jueces federales que se encuentran ocupadas actualmente y que llegan a sumar remuneraciones brutas superiores a los 300 mil pesos mensuales cada una. Entre los beneficios con que cuentan estos funcionarios se encuentran: sueldo base, compensación garantizada o de apoyo, sueldo básico, prestaciones nominales, sueldo tabular, percepciones ordinarias, percepciones extraordinarias, seguro de vida institucional, seguro colectivo de retiro, seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado, aguinaldo, ayuda de gastos funerales, entre otros. Más de 71 mil millones de pesos fue el presupuesto de este año para el Poder Judicial.
De ninguna manera podemos restarle mérito a lo alcanzado por los senadores; eliminaron gastos superfluos y lujos innecesarios. Pero además prometieron que exigirían lo mismo a otros órganos y poderes para que actúen con moderación, con autolimitación, con ética y dentro de la transparencia y la rendición de cuentas para dar un combate frontal a la corrupción. Ya veremos si alguien sigue su ejemplo de buena voluntad.
@salvadorcosio1
