Por: Verónica Juárez Piña
De un plumazo, sin una metodología clara, el gobierno de López Obrador desapareció a miles de personas incluidas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda.
El 27 de diciembre, el gobierno federal presentó los resultados de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada que, en unas cuantas semanas, redujo el registro de personas desaparecidas que era de 110 mil 964, tumbándole 98 mil, con “diferentes niveles de aproximación”, lo que sea que ello signifique, aunque en los hechos sólo reconoce la existencia de 12 mil 377 (11 por ciento) personas desaparecidas, las cuales se desprenden del mismo número de denuncias presentadas ante el Ministerio Público.
A partir de un mecanismo de visita casa por casa, en el que se sustenta la estrategia de búsqueda, el gobierno federal dijo haber localizado, en tiempo record, a 16 mil 681 (15 por ciento) personas desaparecidas.
El resto, 17 mil 843 (16 por ciento) corresponde a personas ubicadas (con indicios para su localización). 26 mil 090 (24 por ciento) a registros sin datos suficientes para identificar a la persona. 36 mil 022 (32 por ciento) a registros identificados, pero sin indicios para la búsqueda, según los nuevos criterios.
Como era de esperarse, esta drástica reducción del registro de personas desaparecidas y no localizadas ha provocada fuertes críticas tanto de diversos colectivos de búsqueda, como de especialistas y organismos internacionales.
Apenas el pasado 17 de mayo de 2022, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de El Comité contra la Desaparición Forzadas y El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, lamentó que México haya alcanzado “el oscuro hito de 100,000 desapariciones”, lo que representa, dijo, un patrón de impunidad.
“Más de 100,000 personas desaparecidas registradas oficialmente en México es una tragedia desgarradora. La cifra habla por sí sola y es una advertencia inequívoca”, sostuvo la ONU.
Por supuesto que estas críticas no son aceptadas por López Obrador quien, durante la presentación, acusó que “en el pasado había organizaciones sociales para manipular las causas”, influenciadas por la ONU y la OEA.
Los colectivos de búsqueda, encabezados por familiares de víctimas que han localizado a cientos de personas desaparecidas en todo el país y que se exponen permanentemente a agresiones por parte del crimen organizado, demandan no sólo ser incluidas, sino que el gobierno federal explique la metodología de la Estrategia Nacional de Búsqueda.
En un comunicado, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México expresó su “preocupación y decepción ante esta respuesta del Estado. Compartimos con otras plataformas de víctimas el enojo y la indignación por la falta de rigurosidad y transparencia del Estado en este proceso de vital importancia para nuestra búsqueda de verdad y justicia”.
Denunció además que “los colectivos de familiares no hemos sido debidamente informados sobre la metodología nacional de recolección e intercambio de información del Censo, ni hemos participado en este proceso”.
Como es su costumbre, López Obrador busca tender una cortina de humo sobre la grave crisis de desapariciones en nuestro país, provocada fundamentalmente por la impune actuación del crimen organizado, que su gobierno ha tolerado, y la fallida estrategia de seguridad.
Los culpables no son las víctimas, ni las familias aglutinadas en los colectivos de búsqueda. El responsable es un gobierno que se niega a ejercer su responsabilidad de garantizar la paz, los derechos humanos y a hacer justicia.
La crisis humanitaria que enfrenta México por los miles de personas desaparecidas no se resolverá maquillando cifras, sino haciendo valer el Estado de Derecho y dejando de usar los recursos públicos con fines clientelares. Ya basta de burlarse de dolor de las familias de miles de personas desaparecidas.
