Trabajadores mineros de la región carbonífera de Coahuila denunciaron las precarias condiciones de seguridad en las que laboran, pese a que las minas fueron restringidas por la STPS y no puede volver a operar, informó la organización Familia Pasta de Conchos.
Uno de los pozos, operado por la empresa DIZNA, de los hermanos Feliciano y Sergio Díaz Iribarren, carece en la tarjeta de inscripción el contrato con su socio, Alfonso González Garza; además, la dirección que se proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no corresponde al lugar en el que se ubican las oficinas de la empresa.
Dicho pozo fue restringido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) debido a que los trabajadores no tienen equipo de seguridad, ni sistema de ventilación, tampoco hay comedor, ni regaderas. El responsable de seguridad, Jesús Eduardo Rodríguez Flores, alega que “él trabaja con lo que le dan y que no le dan mucho”.
Según los denunciantes, los trabajadores señalaron que se les ordenó mentir en la inspección, pero los 26 trabajadores no pertenecen a la empresa, sino a su contratista, Minerales Rolch S.A. de C.V., y son registrados por temporadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Manifestaron percibir un salario de 130 pesos diarios, y que el resto se les entrega en efectivo, por lo que no queda registro ni se pagan impuestos. De esta manera evaden derechos laborales y, sobre todo, en caso de una desgracia, los dueños de DIZNA pretenderán no ser responsables.
En promedio, DIZNA vende 296 toneladas de carbón semanales, que equivalen a 364 mil 968 pesos, lo que significa que el contrato con la Promotora para el Desarrollo Minero (Podemi), al momento de entregar este informe, ha sumado 11 mil 840 toneladas de carbón, que representan ingresos de 14 millones 598 mil 720 pesos.
El otro pozo denunciado pertenece a la empresa Corporativo 88 S.A. de C.V., cuyo dueño y apoderado es Ramón Olaguer Falcón Guerra; también se ubica en el Mezquite, en la concesión de nombre el Espulgue Fracc I, de ese pozo también han sido concesionarios Alfonzo González Garza, Melchor González Vélez y Mario Alberto Herrera Aguiñaga.
La concesión está cancelada. Por lo que se configura el delito de robo a la nación, aquí el responsable de la seguridad es de nueva cuenta Jesús Eduardo Rodríguez Flores, así que ambas empresas tienen al mismo “responsable de seguridad”.
De acuerdo Familia Pasta de Conchos, el pozo trabajaba en condiciones infrahumanas y fue restringido por la STPS y no puede volver a operar; sin embargo, el lunes pasado un trabajador informó que Rodríguez Flores continúa trabajando el pozo, con el argumento de que la STPS dio la autorización, lo cual es absolutamente falso.
Corporativo 88, vende a la semana 396 toneladas de carbón a Prodemi, lo que se traduce en 488 mil 268 pesos semanales. El contrato con Prodemi, al momento de entregar este informe, representa 15 mil 840 toneladas de carbón, que representan ingresos 19 millones 307 mil 200 pesos.
Aunque la STPS restringe los centros de trabajo, las empresas siguen trabajando amparadas por la Unión Nacional de Productores de Carbón (UNPC) y la Prodemi hasta que se acabe el contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), puntualizó la organización
