La ciudad San Francisco demandó este martes al Presidente Donald Trump por el decreto migratorio contra las ciudades santuario, en la que instruyó al Gobierno de Estados Unidos a que retenga los fondos destinados a ciudades que adoptaron políticas para migrantes sin documentos.
La querella, presentada por el abogado de la ciudad de San Francisco, Dennis Herrera, es el primer desafío contra el decreto presentado en los tribunales por una de las ciudades afectadas.
«Esta demanda no es un paso que demos a la ligera», afirmó Herrera, fiscal de la ciudad, según Univision.
San Francisco recibe cerca de mil 200 millones de dólares al año que son utilizados en salud, nutrición y seguridad.
El texto de la denuncia indica que la orden viola la Décima Enmienda de la Constitución, que afirma que los poderes no garantizados al Gobierno federal deben recaer en los estados.
«En una flagrante indiferencia ante la ley, el presidente de Estados Unidos busca coaccionar a las autoridades locales para que abandonen las denominadas leyes y políticas de ‘ciudad santuario'», indicó la demanda, presentada en la corte federal de San Francisco.
La semana pasada el Mandatario firmó una orden para retirar el financiamiento federal a las localidades que no cooperen con las autoridades migratorias.
Sobre las órdenes migratorias del Presidente, el Secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, justificó el veto a los refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes y defendió la ejecución, pese a reconocer que más de mil viajeros con documentos en regla no pudieron viajar o fueron detenidos desde que entró en vigor.
En una rueda de prensa en Washington, Kelly aseguró que la orden ejecutiva firmada el viernes por Trump no es una prohibición de viaje contra musulmanes, sino una pausa temporal para realizar una revisión del programa de refugiados y visados necesaria desde hace tiempo.
En este sentido, explicó que la expresión «escrutinio extremo», utilizada por el Mandatario para justificar una revisión destinada a evitar que terroristas islámicos radicales ingresen al país, podría incluir un exhaustivo control de las comunicaciones, visitas en internet e interacciones en redes sociales de los peticionarios de asilo, algo que están evaluando las autoridades.
Esas medidas, de aprobarse, se aplicarían una vez finalice la determinación de 120 días que ha llevado a la suspensión de todo el programa de acogida de refugiados de la primera potencia mundial y a detener durante 90 días la emisión de visados para ciudadanos de Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen.
A su vez, en su rueda de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, aseguró que no es una medida extrema, sino razonable y necesaria y responsabilizó a la prensa por crear confusión al informar sobre la descoordinación entre agencias federales y el Ejecutivo para aplicar la orden.
Además, el Gobierno emitió permisos de entrada esta semana a 872 refugiados, una excepción a la orden ejecutiva firmada por Trump, informó Kevin K. McAleenan, director interino del Agencia de Aduanas y Control Fronterizo (CBP).
