Por: Arq. Carlos Enrique Martínez Gutiérrez
A través de los años las diferentes leyes y reglamentos locales se han olvidado de quienes son los responsables de proyectar o ejecutar una obra. Hay dos carreras a nivel licenciatura que fueron diseñadas hace muchísimos años para este fin, que son los Arquitectos y los Ingenieros Civiles, estos profesionistas son los responsables del control y construcción de cualquier género de obra, que deben de estar legalmente establecidos, además deben responsabilizarse de la ejecución de las obras que les sean encomendadas y de cuidar y dirigir para que se realicen estrictamente de acuerdo a los proyectos ejecutivos y especificaciones aprobados por la autoridad municipal.
Deben estar atentos de las leyes y reglamentos que correspondan, de las autorizaciones para el inicio, durante y la terminación de la misma, de las normas de seguridad, del sistema constructivo, de la calidad de los materiales, de la afectación a terceros y de todo cuanto se requiera durante el proceso, terminación y finiquito de la obra.
Por supuesto que estos profesionistas al obtener un título y una cédula profesional otorgada por la autoridad respectiva, están capacitados técnica y legalmente para realizar cualquier obra, por tales motivos deberían de avalar con su firma como parte de su responsabilidad profesional en la ejecución de las obras y por supuesto en el trámite para la obtención de los permisos respectivos.
Imaginemos por un momento que la Secretaría de Salud permitiera o promoviera que un carnicero efectuara una cirugía a un paciente o un taxista realizara una endodoncia y más grave aún que les pidiera que un doctor les firmara una responsiva para cumplir con el requisito. Bueno, en el caso de las construcciones esto sucede todos los días. La autoridad local irresponsablemente ha propiciado estos vicios al permitir que construya cualquier hijo de vecino y en mucho de los casos que consigan una firma para el trámite del permiso de construcción. Esta medida que lejos de ser efectiva y profesional ha propiciado corrupción, simulación, burocracia, venta de firmas, contubernio entre funcionarios públicos y seudo profesionistas, además de un jugoso negocio para unos cuantos contraviniendo cualquier ética profesional.
Con el objetivo de solapar a los que construyen fuera del marco de las diferentes leyes entre otras la de profesiones, en los últimos años se han creado en los reglamentos locales o municipales una serie de figuras intermedias entre el que construye y el que se responsabiliza ante el municipio o autoridad local, en la mayoría de las veces denominados directores responsables de obra (DRO) aparentemente para “supervisar” las obras que construyen los ilegales, situación de lo más absurdo el mensaje es “tu cometes un delito y yo te superviso para que lo hagas bien”.
Los niveles de corrupción, simulación y contubernio en México han llegado al punto donde a unos días del sismo en la ciudad de México, curiosamente se reportó la caída del sistema de la SEDUVI, la cual contiene en su base de datos los usos de suelo autorizados y los responsables de cada una de las construcciones en la Capital del país. Esta plataforma digital se reportó severamente dañada y no se sabe si se recuperará su contenido.
Se está llegando a tal grado de irresponsabilidad que se ofertan cursos de 30 horas con el aval de las autoridades a cualquier persona para ser directores responsables de obra y que pueda dictaminar fallas estructurales en las edificaciones dañadas en la ciudad de México, olímpicamente se brincaron cinco años de estudio, dos de especialización, además de las actualizaciones profesionales que periódicamente realizan los profesionistas.
En el Estado de Jalisco existe una norma muy clara de responsabilidades y del quehacer de los Ingenieros civiles y arquitectos, así como sus responsabilidades en cuanto a los proyectos y construcciones en todo el Estado, pero desgraciadamente los municipios no aplican la ley o los reglamentos municipales omiten la norma superior y peor aún, hay municipios que no cuentan con reglamento de construcción y por supuesto, se omite la autorización y pago de permisos de construcción aún estando en zonas consideradas con alto grado de sismicidad.
Cuando vemos las omisiones y absurdos en las reglamentaciones locales, la simulación, la cadena de complicidades entre autoridades, gestores y constructores ilegales, así como la tolerancia de la autoconstrucción por parte de la autoridad, sin responsables técnicos y menos aún sin normas técnicas que garanticen seguridad e higiene, nos explicamos la gran cantidad de daños en construcciones causados por los sismos, huracanes o desastres naturales y lo más grave, la pérdida de vidas humanas víctimas inocentes de la irresponsabilidad de una serie de delincuentes de casco blanco disfrazados de constructores, profesionistas o funcionarios públicos. Ahí están en su mayoría los responsables de la tragedia.
Al ver a compatriotas en desgracia, más de 60 mil viviendas destruidas y gran cantidad de personas sin techo donde pasar la noche, como sociedad y como personas no podemos permanecer al margen de esta absurda realidad que en el último mes ha costado la vida a más 360 personas, seguir apáticos e indiferentes nos convierte de alguna forma en cómplices de la situación.
Tiempo de crisis, tiempo de cambios, es el momento de sentar las bases para tener una sociedad con leyes y reglamentos más justos, erradicar la impunidad, una comunidad con mayor seguridad en las personas y bienes, más responsable en su desarrollo y más comprometida con la vida en comunidad, estas deben de ser las prioridades de nosotros como ciudadanos, al margen de los intereses personales.
