Por: Salvador Cosío Gaona
Dejando de pronto a un lado la discusión sobre la legitimidad y suponiendo sin conceder no tuviere sustentabilidad legal el Referéndum convocado por el Govern de la Generalitat de Catalunya (Gobierno de la Generalidad de Cataluña) que preside Carles Puigdemont, el gobierno del Estado Español a cargo del Presidente Mariano Rajoy Brey hubiere simplemente generado el esquema legal para sostener el desconocimiento legal de su resultado y formalizar la invalidez, mas al haber prohijado represión inadecuada a las manifestaciones populares masivas generadas desde hace varias semanas e incurrir en el grave y severo exceso de la fuerza bruta a cargo de las corporaciones públicas armadas en contra de ciudadanos, incluyendo niños, mujeres, jóvenes y personas de edad avanzada, con el fin de evitar la existencia de lugares para votar y que la población pudiere hacerlo, incurrió en actos que violentan crasamente los derechos fundamentales.
Al margen de estar o no de acuerdo con la intención, que parece masiva, de un pueblo que quiere manifestarse y hasta decidir su autodeterminación, es totalmente condenable la represión brutal y el abuso de la fuerza en contra del pueblo. Ello ha provocado condena internacional y está suscitando un severo desequilibrio político en la de por sí precaria estabilidad socio política en España, lo que puede desembocar en una crisis de gobernabilidad.
Es una tontería prohijar este tipo de actos de represion social, ello no hace más que incrementar el sentimiento separatista, bastaba con dejar que siguiera adelante el referéndum y rechazar su validez si las autoridades judiciales a instancia del gobierno nacional así lo determinaron basadas en lo que actualmente determina la Constitución española y en todo caso dejar que fuere el gobierno regional catalán el que tuviere que acaso seguir luchando por medios legales o sociopolíticos, siendo un craso error tratar de impedir usando la fuerza armada a su cargo. Los incidentes violentos ocurridos durante la jornada en que se convocó el referéndum solamente complican la viabilidad de un gobierno con escasa base social como el de Rajoy.
Nadie en sano juicio puede defender la violencia con la que las diversas fuerzas armadas dependientes del gobierno de Mariano Rajoy golpearon al pueblo catalán.
Como para empezar a entender el interés de preservar este territorio, hay que señalar que España, sin Cataluña, pasaría de tener una superficie de 505 mil 944 kilómetros cuadrados a tener solo 473 mil 854, lo cual supone una disminución territorial del 6.3% y perdería siete y medio millones de habitantes, pasando de una población de 46.4 millones a tener 39 millones de habitantes. El territorio, claro, es mucho más que una cantidad determinada de kilómetros cuadrados: contiene espacios e infraestructuras de vital importancia, que generan beneficios y repercuten positivamente en todo el territorio nacional; y el número de habitantes es una cifra de vital importancia también en el terreno de la contribución fiscal y de las pensiones. Sin Cataluña, la frontera de España con Francia se reduciría a la mitad, perdería su mejor paso fronterizo (La Jonquera) y Andorra dejaría de ser accesible directamente desde España.
Y por supuesto, perdería también cientos de kilómetros de costa con su enorme potencial de explotación en servicios turísticos, por no mencionar el valor cultural del enorme patrimonio catalán. Una de las pérdidas infraestructurales más importantes para España sería el aeropuerto de El Prat, que es el segundo más activo del país, con cifras muy cercanas a las del aeropuerto de Madrid-Barajas: tan solo en el pasado mes de agosto, 4.9 millones de pasajeros transitaron por el Prat, en unas 31 mil 500 operaciones.
El de Barcelona es el segundo puerto de España en cifras de tráfico, con 5.9 millones de toneladas registradas en julio, y con medio millón de pasajeros.
El de Tarragona también es importante: es el sexto en tráfico. El impacto económico resultante de perder el control sobre estos puertos no es desdeñable en ningún caso. Dos centrales nucleares (cuya potencia conjunta supone casi el 40% del total de la que se produce en España), dos plantas de fabricación de automóviles (Seat y Nissan), una carísima red de conexiones ferroviarias y varios centenares de kilómetros de cable telefónico submarino dejarían de estar también bajo el control del Estado español, entre otras muchas infraestructuras industriales. De ahí que como se advierte, hay muchos intereses en juego. El tema merece un analisis a fondo.
Por más que el Presidente del Gobierno español Mariano Rajoy Brey quiera con palabras hacer que no hubo ningún evento en Cataluña el pasado primero de octubre al señalar: ‘no hubo referéndum el primero de octubre’, lo cierto es que, legal o no, legítimo parece pudiese llegar a ser y lo claro es que se realizó una gran movilización social en Cataluña, siendo muchos cientos de miles de ciudadanos catalanes los que salieron a la calle y acudieron a procurar emitir un voto sobre la permanencia de esa región Catalana como integrante de España.
En tanto continúan las amplias manifestaciones en esa gran región, precedidas de otras diversas en casi todas las ciudades importantes de España, repudiando la violencia con la que tanto la Policia Nacional como La Guardia Civil españolas actuaron para procurar reprimir el desarrollo del evento, el Presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, le dijo a la afamada Cadena de noticias BBC de Londres que declararán la independencia de España «en cuestión de días». En su primera entrevista desde el polémico referéndum del pasado domingo primero de octubre, Puigdemont aseguró que su gobierno «actuará a finales de esta semana o comienzos de la próxima». La máxima autoridad del gobierno catalán habló con la BBC momentos antes de que el rey Felipe VI hiciera una declaración institucional en la que acusó a las autoridades autonómicas catalanas de haber actuado con una «deslealtad inadmisible» hacia el Estado español, Carles Puigdemont calificó como «muy decepcionante» la reacción de la Unión Europea (UE) en relación a la violenta actuación de las autoridades policiales españolas, señaladas de cometer graves excesos abusando de la fuerza como instituciones armadas en sus esfuerzos por evitar la realización de la controvertida consulta o votaciones sobre la independencia catalana, se mostró en desacuerdo con la declaración hecha el lunes pasado por la Comisión Europea asegurando que los sucesos en Cataluña son un asunto interno de España, al tiempo que reveló no hay contactos entre el gobierno de Rajoy y el de la Generalitat de Cataluña a su cargo.
Hay que recordar que el famoso Referéndum sobre la independencia de Cataluña fue organizado por las autoridades autonómicas pese a que el Tribunal Constitucional de España lo había declarado ilegal, y el gobierno español a cargo del Presidente Mariano Rajoy realizó un gran despliegue policial para evitar la consulta y durante ese jornada se produjeron fuertes choques entre los agentes policiales tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional y los ciudadanos que dejaron un saldo de más de 840 heridos, más pese a ello, se estima que unos 2.3 millones de personas (cerca del 40% de la población con derecho al voto) participaron en la votación, según cifras de los organizadores, quienes aseguraron que 90% de los votantes respaldaron la propuesta de independizarse de España.
En protesta por la actuación policial del domingo primero de octubre pasado, el pasado martes 3 de octubre se realizó un «paro general» en Cataluña, en cuyas principales ciudades se produjeron manifestaciones multitudinarias.
En Barcelona, más de 700 mil personas salieron a las calles, según cifras de la policía local citadas por la agencia AFP.
En la capital catalana hubo también más de 50 cortes de calles, lo que generó grandes atascos en el tráfico.
El metro trabajó a 25% de su capacidad en horas pico y grandes atracciones turísticas como el templo de la Sagrada Familia permanecieron cerradas. La huelga general contó con el respaldo de los sindicatos regionales, así como de los partidos y entidades independentistas. El gobierno catalán permitió a los funcionarios que secundaran el paro.
Las autoridades catalanas dijeron que el paro tuvo un seguimiento masivo, lo cierto es que estuvo marcado por los señalados bloqueos de carreteras, y las múltiples concentraciones en las calles, principalmente en Barcelona, donde según la Guardia Urbana de la capital, unas 300 mil personas se manifestaron en el centro en tanto las escuelas y comercios permanecieron cerrados.
La huelga general también implicó la falta de diversos servicios públicos, salvo las urgencias, con servicio mínimo en el tema del transporte.
La población se manifestó en apoyo y el respaldo de los comerciantes se hizo evidente por las cortinas y puertas cerradas de los locales comerciales de las principales avenidas y calles de Barcelona y las más importantes poblaciones catalanas.
Se habla ya que el siguiente paso será dejar de pagar contribuciones al gobierno español y la desobediencia al poder nacional.
Por más que el Congreso de los Diputados pretende no darle demasiada importancia y no habrá atención política a este tema en fecha próxima, el ambiente es de gran tensión social y política.
@salvadorcosio1
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