Por: Verónica Juárez Piña
Sin que les haya importado en lo más mínimo pasar por encima de la Constitución de la República y las leyes respectivas, las fracciones de Morena en el Congreso de la Unión aprobaron, en “fast track”, el decreto por el que se “interpreta” el alcance del concepto de propaganda gubernamental, principio de imparcialidad y aplicación de sanciones contenidas en los artículos 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), y 33 de la Ley Federal de Revocación de Mandato.
Es, sin lugar a dudas, una “interpretación” muy laxa del concepto de propaganda gubernamental, que busca darle la vuelta al contenido de los incisos c, d y e del numeral 1 del artículo 449 de la LGIPE.
Por más que se justifiquen, lo aprobado vulnera el artículo 134 de la Constitución, que a la letra dice: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.PE
Es, también, una clara violación al artículo 33 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, la cual establece que: “Ninguna otra persona física o moral (distinto al INE), sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de las y los ciudadanos sobre la revocación de mandato…”Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la emisión de la Convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno”…
Señala también que: ”Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, sólo podrán difundir las campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil”.
De tal manera que esta decisión es, en los hechos, una maniobra legislativa, ofensiva por lo absurdo de la interpretación, que solo busca dar manga ancha al presidente de la República y a las y los funcionarios morenistas, de todos los niveles, para usar las obras, programas, cargos y recursos públicos, con fines propagandísticos, para promover la revocación de mandato.
Pero un decreto, bajo ninguna circunstancia, puede estar por encima de la ley, mucho menos de la Carta Magna. Este es un decreto ilegal que ignora el artículo 135 constitucional, el cual establece que para modificar la Carta Magna “…se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México…”
Ante la falta de mayoría calificada para poder reformar la Constitución, las fracciones legislativas de Morena en el Congreso de la Unión, se sacan de la chistera un decreto con el que buscan interpretar las normas que rigen al país.
Es, sin lugar a dudas, una maniobra preocupante, que debería llamar a la reflexión por el atentado que significa para el Estado de Derecho y la democracia.
También lo es por la indigna subordinación del Poder Legislativo a las instrucciones del Ejecutivo Federal. Desde el lugar donde, en primer lugar, se debe cuidar la integridad de las normas y el respeto de su aplicación, se vulneran sin el menor pudor.
Es un precedente grave, no sólo por lo que significa en términos legales, sino porque abre la puerta para que los funcionarios, empezando por el presidente de la República, utilicen los recursos públicos con fines propagandísticos en los procesos electorales por venir, violando la equidad y transparencia, principios claves en una elección democrática.
Es por eso que PRI, PAN y PRD presentaron de manera conjunta una acción de inconstitucionalidad en contra este decreto, para ponerle un alto a los absurdos e ilegalidades de la 4ta transformación.
