Por: Héctor Romero González
Fredric Jameson y Slavoj Žižek han llamado la atención sobre el potencial utópico en las películas sobre las catástrofes extraterrestres o pandémicas para lograr la solidaridad global de la humanidad, donde la raza actúa de manera racional, minimizando diferencias para coincidir en una solución.
En cambio, la realidad parece mostrarnos completamente lo opuesto. En su libro La Doctrina del Shock, la periodista canadiense Naomi Klein analiza cómo durante diversas crisis en el mundo se ha empleado la teoría del economista Milton Friedman de manera por demás abusiva, con el objetivo de evitar a toda costa el Estado de bienestar y fomentar el libre mercado desmantelando las estructuras públicas aprovechando el contexto de emergencia.
Esta conducta rapaz ha sido replicada desde el golpe de Estado en Chile hasta el huracán Katrina en Estados Unidos, pasando por la guerra en Irak, por mencionar algunos casos donde se ha capitalizado el desastre para impulsar reformas que profundizan la desigualdad, mientras impera la desorientación y es patente un relajamiento del escrutinio popular.
Algo similar sucede en este momento en México, aunque no con un propósito estrictamente económico. Los gobiernos de todos los niveles han aprovechado la pandemia para hacer muestra de desplantes autoritarios.
El federal no es la excepción, aunque por mucho destaca la iniciativa presentada con el objeto de adicionar el artículo 21 Ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para facultar a la Secretaría de Hacienda a reorientar recursos contemplados en el Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados hacia el aseguramiento de la continuidad de proyectos prioritarios de la administración y fomentar la actividad económica del Estado (tales como Dos Bocas, Tren Maya y Aeropuerto de Santa Lucía), atender emergencias de salud y programas en beneficio de la sociedad.
La propuesta presidencial podría debilitar aún más el Presupuesto de Egresos como el mecanismo de control por antonomasia del sistema de contrapesos democrático.
Sin lugar a dudas, en la vida y la política se ha definido la regla de oro como “el que pone el oro pone la regla”.
A pesar de ello, la ausencia de equilibrios en la Cámara de Diputados, ha provocado que la elaboración del Presupuesto de Egresos se convierta en un mero trámite administrativo, aunado a las famosas “adecuaciones presupuestales” que permiten modificaciones posteriores de manera unilateral por el Poder Ejecutivo con controles limitados, es decir, que se trate de ingresos excedentes o permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias.
Esta tendencia errática y discrecional, considerando las graves asimetrías que se muestran entre los presupuestos aprobados y lo ejercido por el gobierno federal se ha reflejado en los informes de la Auditoría Superior de la Federación, misma que señaló que tan solo en 2018, se realizaron 88,363 adecuaciones presupuestales, por un monto superior a los tres billones de pesos, es decir, el 60% del gasto total.
Sin embargo, el texto de la propuesta pretende desnudar completamente de cualquier relevancia en materia presupuestaria al Poder Legislativo, al menos de la poca que aún le restaba.
Por ello, no extrañó que voces, incluso en el seno de Morena, manifestaron su inconformidad a la pretensión monocrática, como Porfirio Muñoz Ledo, quien hizo un llamado al presidente a “no hacer cosas buenas que parezcan malas” en referencia a la iniciativa.
La propuesta es sospechosa por tres aspectos fundamentales:
En primer término, ¿por qué el presidente la considera necesaria cuando cuenta con mayoría legislativa y únicamente argumenta que se justifica para la atención de la situación de emergencia actual y coyuntural? Esta sinrazón obliga a sospechar que la intención es limitar la intervención legislativa para el caso que el partido en el poder pierda el control de la cámara baja en las elecciones intermedias.
A su vez, las adecuaciones ya se encuentran permitidas, aunque sujetas a controles que si bien son laxos, estos permiten una evaluación medianamente objetiva.
Por último, la propuesta resulta especialmente preocupante ante lo equívoco que resulta el supuesto en que podría detonarse la reorientación de recursos: emergencias económicas.
Este concepto es tan vago que permitiría perpetuar el periodo en que el presidente decida a diestra y siniestra, ajeno a limitación alguna, en qué y cómo se gasta, ya que no se encuentra regulado en la legislación.
Esperemos que esta infortunada iniciativa que pretendió un albazo al estilo de los Chicago Boys, sirva para alertar sobre el manejo discrecional permitido por la regulación presupuestaria, siendo prioritario para el Congreso de la Unión fortalecer el control parlamentario y definir con mayor precisión las etapas y responsabilidades del ciclo persupuestario, asegurando que funcionen como un proceso para maximizar el aprovechamiento de los recursos públicos.
La crisis y el shock no pueden ser excusa para desmantelar la democracia.
@hecromg
