Por: Diputada Federal Verónica Juárez Piña
Vicecoordinadora GPPRD
La participación ciudadana en la definición de las políticas públicas respalda y transparenta el ejercicio de gobierno, ayuda a combatir la corrupción y la desigualdad. La democracia participativa ha sido una propuesta histórica del Partido de la Revolución Democrática.
Impulsamos la reforma para incluir en la Constitución de la República el derecho a la consulta popular y fuimos pioneros al recabar un millón 700 mil firmas para solicitar que la reforma energética fuera sometida a la opinión de la gente.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la petición, al considerar que la propuesta planteaba consultar un tema relacionado con los ingresos y egresos del Estado, lo que prohíbe el Artículo 35 de la Carta Magna.
Irónicamente, el proyecto que avaló el pleno de la Corte y que rechazó la petición, fue presentado por la entonces Ministra Olga Sánchez Cordero, quien será la próxima Secretaria de Gobernación del gobierno de Andrés Manuel, quien tumbó con una consulta irregular el aeropuerto de Texcoco, que sin lugar a dudas representaría ingresos para el erario público.
En su momento, cuestionamos esta decisión al considerar que limitaba la participación de la gente en temas fundamentales para el país. Fue un exceso, como también consideramos excesivo que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, manipule la consulta popular para tomar decisiones claves para el país.
Es el caso de la cancelación del aeropuerto de Texcoco y los diez programas prioritarios que este fin de semana se consultaron. En ambos la participación de la gente fue mínima y registraron una serie anomalías como la parcialidad en la organización, la falta de control en el voto, el acarreo, la escasa transparencia de los recursos utilizados y la injerencia del presidente electo.
Pero ésta será la tónica en el próximo gobierno. Por eso Morena busca modificar el Artículo 35 constitucional, para que Andrés Manuel organice consultas a su gusto.
Morena presentó en el Senado de la República una iniciativa, y plantea una similar en la Cámara de Diputados, que propone que las consultas puedan realizarse en cualquier momento, excepto en periodo electoral y disminuye de 2% por ciento a 1.5% de la Lista Nominal.
Incluso concede la facultad de organizarlas al candidato ganador de una elección presidencial, “una vez que las autoridades competentes lo hayan declarado formalmente electo.”
De igual manera, amplía la lista de facultados para convocar, dándoles esta posibilidad a los Gobernadores, al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como a las legislaturas de las entidades federativas, en relación a temas locales.
Establece que a criterio de las autoridades convocantes, las consultas puedan también formularse sin la intervención directa del Instituto Nacional Electoral, “salvo las convocadas por los ciudadanos”. Asimismo, la iniciativa considera que los temas relativos a ingresos y gastos del Estado, puedan ser motivo de consulta.
Sin duda considerar la opinión de la sociedad fortalece la democracia participativa; pero ésta se pervierte cuando se utiliza para justificar decisiones tomadas de antemano. En el PRD alzaremos la voz cuando con el pretexto de resultados de consultas manipuladas se pretenda pasar por encima de la Constitución, de los poderes de la Unión y de la autonomía de los estados.
