Por: Verónica Juárez Piña
En el marco de su comparecencia ante la Comisión Permanente con motivo de la firma de la Declaración Conjunta con Estados Unidos; tanto la secretaria de Economía Graciela Márquez, como el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, lo único que hicieron fue tratar de justificar lo injustificable.
Los funcionarios intentaron, vanamente, vender por bueno un acuerdo a todas luces contrario a México y favorable a Estados Unidos, y particularmente a los intereses electorales del presidente Donald Trump.
Resulta inaceptable que el gobierno federal evite la responsabilidad que tiene frente a la ciudadanía y debamos vivir los próximos 38 días con la espada de Damocles sobre nuestras cabezas, con la bota sobre nuestros cuellos, pendientes de la decisión unilateral del gobierno norteamericano y del estado de ánimo de Trump para conceder a México el beneficio de una certificación respecto al tránsito de migrantes a través del territorio nacional.
Es cuestionable que la administración de Andrés Manuel López Obrador haya aceptado convertir al país en un gigantesco muro para detener la migración hacia Estados Unidos.
Con esta decisión claramente le está resolviendo al gobierno estadounidense uno de los problemas más críticos de su administración: la migración y lo que ello implica; y todo eso con cargo a los impuestos que pagamos todas y todos los mexicanos, sin ningún beneficio que no sea ganar unos cuantos días para evitar los aranceles y eso si se hace bien la tarea y siempre a la consideración de Trump.
En su momento, el PRD señaló y ofreció la disposición de sus grupos parlamentarios para realizar acciones que dignifiquen a México frente a los atropellos y amenazas del gobierno estadounidense.
También expresó su rechazo a la política discriminatoria en materia de migración y a la ominosa pretensión de Trump de construir el muro fronterizo entre nuestros países, y sus presiones de convertir a México en policía para perseguir a personas que, por hambre o por violencia, buscan un mejor destino.
Todo lo anterior fue aceptado en los acuerdos y en los hechos por el gobierno mexicano, que optó por el envío de seis mil efectivos de la Guardia Nacional a nuestra frontera sur y otros cuantos miles para reforzar la frontera de Estados Unidos.
En este momento, la Guardia Nacional ya está desplegada en la frontera sur a pesar de que no se dispuso del tiempo suficiente para que los elementos que la integran hayan tenido una capacitación adecuada, ni en cuestión operativa, ni en el respeto a los derechos humanos; mucho menos en el manejo de crisis como la que implica el ingreso por la frontera sur de miles de migrantes. Hay que enfatizar, que el sólo despliegue de la Guardia Nacional para resolver este problema, es criminalizar la migración.
México no reúne las características para convertirse en un tercer país seguro para los migrantes. Sólo hay que recordar la masacre de San Fernando, las condiciones tan inseguras en que viajan los migrantes, las violaciones a los derechos humanos que sufren a su paso por el territorio nacional, las extorsiones, los abusos de que son objeto y las condiciones de pobreza en que viven en la frontera mientras esperan cruzar a Estados Unidos.
¿Cómo, además, proporcionarles empleo, seguridad, educación y salud a miles de migrantes cada año cuando la crisis económica, de inseguridad y violencia se agudiza día a día, y cuando las mexicanas ni los mexicanos tienen acceso a un trabajo y salario digno; mientras que la austeridad ha colapsado aún más los servicios públicos?
Con todo esto, el PRD reitera su llamado a la construcción de un acuerdo de unidad nacional en defensa de la soberanía de México, más allá de los actos demagógicos, para iniciar un proceso de reconciliación nacional. Urge definir una estrategia soberana y unificada para enfrentar las amenazas del gobierno estadounidense.
Desde el PRD no aceptamos que las decisiones soberanas del Estado Mexicano, la política exterior y la economía del país, estén sujetas a las condiciones de Estados Unidos y a los intereses políticos de su presidente.
No permitamos ahora que nos atropellen. Hagamos valer el contenido de los tratados comerciales y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y de migración. Tenemos alternativas y resulta indispensable hacerlas valer para responder dignamente.
