Por: Héctor Romero González
La medición de la corrupción, a pesar de su gran utilidad para determinar sus causas y dimensiones, podría ser una quimera. La naturaleza de este fenómeno implica que no sea visible y quienes incurren en ella pretendan mantenerla oculta, pues de lo contrario, pondrían en riesgo los beneficios obtenidos.
Así, su medición no puede surgir únicamente de un análisis objetivo de casos detectados por instancias formales, sino que es necesario utilizar indicadores subjetivos, los cuales se clasifican de acuerdo a su objeto, destacando: percepciones y experiencias.
Conviene precisar que estos indicadores distan de ser perfectos. Por un lado la percepción sobre la frecuencia de la corrupción puede discrepar de la realidad, mientras que los resultados de las encuestas sobre experiencias o victimización pueden verse sesgados ante asimetrías entre los encuestados sobre el concepto de corrupción o lo que ellos entienden como “frecuente”. No obstante, ello no implica que estos indicadores no sean útiles, sino que simplemente no pueden interpretarse en términos absolutos.
Por ello, resulta sumamente valiosa la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019 publicada en días pasados por el INEGI.
Los datos arrojan que la corrupción sigue siendo un elemento presente en la vida de los mexicanos, particularmente en los rubros analizados, que consistieron en trámites y servicios públicos que proporcionan los diferentes niveles de gobierno, incluyendo servicios de seguridad pública y justicia. Este tipo de corrupción se ha clasificado en la academia como “pequeña corrupción”, pues se lleva a cabo por las bases del gobierno y requiere de muchas acciones para implicar un monto considerable de recursos.
A nivel nacional se destaca que disminuyó la percepción sobre la corrupción pasando del 91.1% en 2017 a 87% en 2019. Jalisco tuvo incluso una disminución aún más significativa en el mismo periodo, pasando de 91.7% a 85%. En 2019 el estado donde la percepción es mayor sobre la frecuencia de la corrupción fue Tabasco (91.8%), seguido de cerca por el Estado de México (91.5%).
En contraste, la tasa de victimización incrementó. En 2017 la tasa por cada cien mil habitantes que manifestaron ser víctimas de la corrupción era de 14,635, mientras que al 2019 esta cifra alcanzó los 15,723. Jalisco no fue ajeno a esta tendencia, pasando de 13,921 a 16,100. Cabe señalar que Durango fue la entidad que alcanzó la mayor tasa (25,389), seguida de la Ciudad de México (20,690), el Estado de México (20,683) y Quintana Roo (19,946).
Lo anterior parece una extraña contradicción cuya justificación podría ser que la percepción de la corrupción habría disminuido por tratarse del primer año de gobierno del actual presidente, donde se incrementó la retórica sobre la honradez e integridad, aunado al reciente proceso legislativo a nivel nacional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción y sus homólogos en las entidades federativas.
En contraste, el incremento en las víctimas de la corrupción podría explicarse en la ausencia de una consolidación efectiva de las instancias de control en todos los niveles de gobierno, más aún de aquellas organizaciones creadas con motivo de las recientes reformas, tales como los órganos internos de control.
Otro dato sumamente relevante de la encuesta es que permite diagnosticar cuáles podrían ser los rubros de mayor riesgo para este tipo de corrupción. A nivel nacional las víctimas manifestaron que la corrupción sucedía en mayor frecuencia en contacto con autoridades de seguridad pública, seguido de permisos relacionados con la propiedad y, en tercer sitio, trámites ante el Ministerio Público.
En Jalisco también se ubicó en primer sitio el contacto con autoridades de seguridad, pero trámites municipales se ubicaron en segundo y el tercero más frecuente fueron los juzgados o tribunales.
Puesto en esta perspectiva y reconociendo las limitantes de estos datos, encontramos que a nivel nacional aún queda mucho por hacer en el combate a la corrupción, sin embargo, esta encuesta puede aprovecharse como piedra angular para estar en posibilidades de diagnosticar dónde se esconde la corrupción, realizar tiros de precisión y orientar esfuerzos hacia los rubros con mayor riesgo detectados.
Aquí radica también la valía de esfuerzos como el webinar organizado el pasado 25 de mayo por el Comité de Participación Social, donde se identificaron las cifras más sobresalientes de la encuesta, se interpretaron los mismos y se hizo una aproximación hacia un diagnóstico de la corrupción, identificándose de igual manera oportunidades de mejora en la metodología aplicada y reconociendo la ventaja de estos mecanismos al permitir un análisis comparativo tanto a nivel subnacional como internacional, lo cual sin dudas genera presión sobre las autoridades para actuar y procurar disminuir los resultados negativos.
@hecromg
