El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) modificó algunas normas de operación y reforzó el marco jurídico para restringir la actuación de terceras personas, principalmente gestores, que se aprovechaban de la necesidad de la población.
El Consejo Directivo del INVI hizo cambios a reglas de operación con los cuales los financiamientos se otorgarán únicamente a las personas registradas en la bolsa de vivienda.
Esas personas, detalló, deberán comprobar su situación vulnerable o formar parte de algún programa social, se validará la condición socioeconómica de los solicitantes y no podrán hacerse sustituciones «salvo en casos que por derecho adquiera la población original».
Además el registro de los grupos sociales beneficiados se difundirá en la página en Internet del INVI, bajo los términos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales.
El objetivo, agregó el INVI en un comunicado, es garantizar que los financiamientos otorgados beneficien a las familias más desprotegidas.
