Durante los primeros 60 días de la emergencia sanitaria por COVID-19, el gobierno de Argentina destinó un billón 613 mil 666 millones de pesos para contener los impactos negativos del virus en la salud y en la economía del país.
De ese recurso total, poco más de un billón fue otorgado directamente por el Estado a planes de seguridad social, sanitaria o alimentaria, mientras que alrededor de 600 mil millones fueron para generar préstamos en el sector privado, de pequeñas, medianas y grandes empresas.
A través de una investigación de las bases de datos del gobierno argentino, la agencia de noticias Télam detalló que las políticas del país se enfocaron principalmente en financiar pequeñas y medianas empresas, así como provincias y hospitales; reactivación de obra pública; pago de salarios, y préstamos a tasa cero para trabajadores independientes.
Luego de que el presidente Alberto Fernández decretara cuarentena obligatoria en el país, desde el 20 de marzo, el gobierno destinó 350 mil millones de pesos para “garantizar la producción y abastecimiento de alimentos e insumos básicos”, así como para mantener en funcionamiento la economía.
Asimismo, se estableció el Ingreso Familiar de Emergencia de 10 mil pesos para beneficiarios de programas sociales para personas en vulnerabilidad, como personal doméstico, con una inversión total de 89 mil millones de pesos.
Por otro lado, el gobierno destinó alrededor de cuatro mil millones a 255 obras sociales que maneja la Superintendencia de Servicios de Salud, para que “puedan hacer frente al pago de los prestadores privados”.
