La PGR dio a conocer que implementará un plan de investigación ministerial en torno al presunto espionaje a comunicadores y activistas en el país.
En dicho plan trabajarán en conjunto con el FBI, la Unión Internacional de Comunicaciones y la escuela superior de ingeniería del IPN, entre otros organismos internacionales, informó el fiscal especial para Delitos Relacionados contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez.
Ricardo Sánchez dijo que “los hechos vertidos en la prensa son serios. Y esta Procuraduría agotará las líneas de investigación a efecto de asegurar que las y los periodistas y defensores de derechos humanos en nuestro país puedan ejercer su profesión de manera libre y con todas las garantías que las leyes otorgan. La investigación está en curso”.
Además indicó que el ministerio de justicia canadiense participará, vía asistencia jurídica internacional, con las entrevistas a The Citizen Lab, de la Universidad de Toronto.
Enfatizó que se declarará a todas las empresas que han vendido equipos que posibilitan la intervención de comunicaciones en México -con las capacidades que han señalado periodistas y defensores-, a efecto de conocer a detalle a qué gobierno estatales ha entregado este tipo de equipos.
Se verificará si, en su caso, alguno de estos pudo llegar a entidades distintas a las dependencias públicas, de igual manera, se realizará la operación de este equipo en instancias federales.
Con apoyo del Artículo 190, fracción II, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, se pedirá a las empresas de telefonía celular los registros de llamadas de los celulares presuntamente infectados, para detectar similitudes en los números que hubieran enviado al virus.
El fiscal comentó que la ley establece que los registros deben resguardarse por dos años.
«Se ha ordenado a todas las dependencias estatales y federales de seguridad que pudieran tener acceso a equipos y software para realizar intervención de comunicaciones, que resguarden toda la información relacionada a la contratación del equipo Pegasus u otras similares o análogas», expuso.
Sánchez Pérez del Pozo informó finalmente que todas las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a esta institución, ya han sido cumplidas desde el 24 de junio y se continuará trabajando estrechamente con este organismo.
