Por: Salvador Cosío Gaona
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ejerció ininterrumpidamente el poder en México entre 1929 y el año 2000, cuando se produjo una alternancia que encumbró en el poder al Partido Acción Nacional (PAN) que gobernó durante 2 administraciones presidenciales.
Durante el segundo período sexenal panista a cargo de Felipe Calderón Hinojosa (periodo 2006-2012), se desató con fiereza una crisis económica coyuntural, la que el PRI utilizó como uno de varios argumentos para golpear la credibilidad del gobierno emanado de Acción Nacional y obtener ganancial electoral suficiente para ganar la elección y regresar a la Presidencia de la República, lo cual sucedió eligiéndose a Enrique Peña Nieto quien superó con muy escaso margen a Andrés Manuel López Obrador y a la abanderada panista Josefina Vázquez Mota, que fue relegada al tercer lugar.
Remembrando, durante el sexenio 1982-1988 a cargo del Presidente Carlos Salinas de Gortari, hubo devaluación en más del 100% del peso mexicano, generando privatizaciones de industrias paraestatales, de la más importante infraestructura y de instituciones clave del sistema financiero, y ahora es el mismo PRI liderado por Peña Nieto, el que auspicia la privatización del sector energético con la incursión de capital extranjero en las actividades de distribución y comercialización de hidrocarburos y energía eléctrica.
Ahora, frente la disminución de recursos provenientes de Petróleos Mexicanos (PEMEX), se capta más dinero de los contribuyentes incrementando carga tributaria, pero beneficiando con disminución u omisión de pago de impuestos a las grandes empresas. Es preocupante que el Gobierno tenga que sacar más dinero del bolsillo de los ciudadanos para financiar una expansión del gasto que no fue estratégico, ni orientado a garantizar el derecho a la salud, a la educación, ni a la construcción de infraestructura. Lo cierto es que la administración del Presidente Peña Nieto ha derrochado el presupuesto en cosas no prioritarias, no ha atacado la corrupción, siendo claro que el pueblo está muy enojado y con exigencia de cambio y sanción a quienes han causado errores y corrupción que afectan tremendamente a los mexicanos, y para muestra, basta lo siguiente:
El año nuevo arrancó en México con protestas y bloqueos en varios puntos del país por el alza a los precios del combustible que entró en vigor este 1 de enero de 2017, y se conoció después que también el gas LP y el suministro eléctrico tendrían aumentos. Cabe recordar que hace unos días, el gobierno mexicano informó que el combustible tipo Magna subiría por lo menos 14 por ciento hasta costar 15.99 pesos cada litro. La gasolina Premium, por lo menos 20 por ciento para cotizarse en 17.79 pesos por litro. Y el diésel 16.5 por ciento para llegar a los 17.05 pesos cada litro. Pero pese al aumento oficial anunciado, en muchos puntos del país esto no se ha respetado y los incrementos han estado muy por encima de los anunciados, sin que haya autoridad competente que vigile y sancione a los abusadores y acaparadores. Esos precios estarán vigentes hasta el 3 de febrero, después tendrán dos aumentos semanales y luego tendrán “ajustes” diarios hasta equilibrarse con los precios internacionales. Eso es lo que dicen.
Primero la escasez, luego el anuncio de la subida de precios a partir del 1 de enero, los rumores de acaparamiento de combustible para especular con él cuando sea más caro, el miedo a que se dispare la inflación, el alza de los demás energéticos, el incremento desde hace días de varios productos de la canasta básica y la convocatoria de protestas contra el «gasolinazo» que han colapsado durante horas carreteras principales de todo el país y avenidas vitales en las principales ciudades, provocando a la par desmanes, actos de rapiña, violencia y terror, tienen a los mexicanos, con la peor cuesta de enero en los últimos 30 años.
El gobierno minimiza la situación, y peor aún, se atreve en voz del propio Presidente de la República a declarar que no habrá marcha atrás en las alzas, lo que de plano terminó de irritar a la sociedad, pues los ataques en contra del Gobierno Federal se multiplican tanto desde la oposición, como incluso –aunque tímidamente- desde muchos priístas. Y desde las redes sociales el asunto ya rebasó cualquier dimensión prevista.
Hace tiempo, cuando el gobierno ofreció los detalles del ‘gasolinazo’, consecuencia del proceso de liberalización de la gasolina que se realizará durante todo 2017, aumentó la preocupación social y se generó desabasto de combustible, y se dijo desde entonces que la Procuraduría Federal del Consumidor implementaría un operativo para detectar si algunas gasolineras estaban acaparando combustible para especular, un rumor cada vez más extendido. Sin embargo, para los expertos el problema de fondo es otro: el colapso del sistema de refinación de petróleo y la falta de previsión del gobierno.
Por un lado, México refinó por primera vez en 2016 menos de un millón de barriles al día (en 2015, la cifra era de 1.06 millones), por lo que tiene que importar más gasolina —el país compra en torno a la mitad de la que consume— y con el dólar muy alto. Por otro lado, nuestra nación no tiene infraestructura adecuada para distribuirla, ni para almacenarla. Los barcos se acumulan en el Golfo de México porque el estado de Veracruz es un cuello de botella para descargar el combustible y los ductos para llevarlo hasta el centro del país están en muy mal estado y llenos de tomas clandestinas. De hecho, el robo de combustible es un negocio lucrativo para el crimen organizado, que supone pérdidas del orden de los 28 mil millones de pesos anuales. Todo el sistema de refinación y distribución está putrefacto. Los mexicanos estamos pagando las consecuencias de años de mala gestión, desinversión, falta de competencia y falta de visión a largo plazo. Hoy lo real es que hay menos gasolina y la gente compra más, pero si tuviéramos un sistema sano habría suficiente; entonces, atribuir los problemas actuales al aumento de la demanda (como también hizo la petrolera) es absurdo.
Aunque ahora no se quiera decir abiertamente, la liberalización de la distribución y venta de los combustibles es una fase clave de la reforma energética aprobada en 2014, buque insignia de las reformas estructurales de Peña Nieto, aprobada con el apoyo de la derecha, pero muy criticada por la izquierda, porque abre a la inversión privada uno de los bienes nacionales por excelencia —el petróleo— que estaba nacionalizado desde 1938. A raíz de ello, habrá 90 zonas tarifarias distintas con precios máximos que irán fluctuando y que son los que recogen alzas de hasta el 20%. Como ya sabemos, en el área metropolitana de Guadalajara, particularmente Zapopan, es donde más caro será el combustible en todo el país.
Posteriormente, a partir del 18 de febrero, comenzará el proceso de liberalización total en cinco fases de norte a sur y que se prolongará durante todo el año. El gobierno insiste en que llegó la hora de que los mexicanos compren la gasolina a precio de mercado y no con subsidios que ya no son sostenibles debido a la caída del precio del crudo (que sólo a partir de 2016 empezó a recuperarse) y al incremento del dólar. Sin embargo, este objetivo tardará en hacerse realidad porque de momento los mexicanos asumiremos un sobreprecio interno debido a las limitaciones del sistema logístico y de distribución. De hecho, ése es uno de los motivos —no el único— por los que habrá distintas zonas tarifarias: se tendrá en cuenta el costo del transporte. Quien diga que la gasolina va a subir por la competencia, está equivocado. Está subiendo por la falta de capacidad distributiva y la pésima gestión de la petrolera nacional.
Las asociaciones de empresarios y los partidos de oposición, piden medidas para contener el impacto del «gasolinazo», pero más allá de problemas políticos o económicos los expertos no son optimistas porque, hay coincidencia en que arreglar el problema de fondo no se hace de la noche a la mañana.
El ‘gasolinazo’ tendrá importantes consecuencias para la inflación desde enero junto con la depreciación que ha tenido el peso frente al dólar. Tras el aumento de 14.2% en los precios máximos de la gasolina Magna, 20.1% en los de la Premium y 16.5% en el diésel, que anunció la Secretaría de Hacienda, los analistas esperan que la inflación supere el objetivo de 3% del Banco de México (Banxico) a partir de enero.
Desde ya se espera que los precios para los consumidores aumenten 1.1% en este mes frente a diciembre. Se trata de una cifra superior al 0.89% que alcanzaron en enero de 2014, cuando entró en vigor la reforma hacendaria, que incluyó aumentos de impuestos a la comida ‘chatarra’ y a los refrescos, entre otros nuevos gravámenes, y que llevó a que los precios superaran el objetivo del Banco de México, (Banxico) en varias ocasiones en ese año.
La previsión para este mes implicará que en su comparación anual, esto es, en enero de este año frente al mismo mes de 2015, la inflación se ubique en 4.15% para alcanzar un pico de 5% en julio y posteriormente llegar a 4.7% en promedio al cierre del año.
En las minutas de su reunión de política monetaria de diciembre, en la que decidió elevar la tasa de interés de referencia a 5.75%, Banxico reconoció el impacto de la liberalización de los precios de las gasolinas junto con la depreciación del peso y confió en que en 2018, los precios retomen una tendencia al objetivo de 3%. Desde el año pasado, los analistas ya estimaban un impacto del ‘gasolinazo’ y el tipo de cambio.
La inflación disminuye el poder adquisitivo de las personas, y es la labor del Banco de México mantenerla bajo control a través de la tasa de interés de referencia, que aumentó en cinco ocasiones durante 2016 y seguirá subiendo en 2017.
Las alzas generalizadas acarrearán severos aumentos en bienes y servicios lo que generará mayor irritación y enojo popular, el pueblo está harto de los errores, imprevisiones y derroches gubernamentales acumulados, más la corrupción e impunidad, además que siendo cual fuere la causa o conjunto de ellas, la de por sí vapuleada economía popular está resultando tremendamente afectada de ahí que sea natural el brote de un conjunto de reacciones severas de reclamo, enojo y repudio de la mayoría de los mexicanos en torno a los indignos y abusivos incrementos. Para ponerle más combustible a la hoguera PEMEX está obligando a los gasolineros a firmar contratos de exclusividad de compra y distribución por cinco años y sin ese contrato forzoso no les están surtiendo combustibles, habiendo incluso señalamientos de que al momento de surtir el carburante a los expendedores les entregan menor cantidad de litros que el monto adquirido y obviamente esa merma la trasladan los gasolineros a las comunidades al momento de la venta de la mercancía al menudeo.
Tanto el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) como la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana (CONCAMIN) que encabeza el joven industrial jalisciense Manuel Herrera Vega, han propuesto al gobierno federal una serie de medidas económicas urgentes para combatir la inflación, promover la inversión y defender el empleo. Acciones encaminadas a establecer metas para reducir la deuda del Gobierno, detonar una política de estímulos fiscales a nuevas inversiones, mantener la flexibilidad del tipo de cambio y reducir el gasto en consumo corriente de la administración pública. A la par, también se propone activar de inmediato el sistema nacional anticorrupción, con lo que se prevé, si se llegare a implementar de manera correcta, ahorros millonarios, pues ahora el despilfarro a diestra y siniestra en asuntos de corrupción es por decir lo menos, abominable.
@salvadorcosio1
[email protected]
