Por: Verónica Juárez Piña
El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que propone la fusión, integración o extinción de 18 órganos desconcentrados, organismos descentralizados, fideicomisos o unidades administrativas y la transferencia de sus funciones hacia secretarías de Estado; que continúa la desaparición de fondos y organismos claves para el otorgamiento de servicios y la garantía de los derechos humanos de las y los mexicanos.
Esta propuesta, argumenta el titular del Ejecutivo Federal, permitirá eliminar la dispersión de recursos públicos para dirigirlos al cumplimiento de las funciones sustantivas del Estado, que consisten en satisfacer necesidades sociales y construir infraestructura indispensable para el desarrollo nacional.
Es decir, López Obrador reconoce sin empacho que el ahorro que se obtendrá de esta reorganización administrativa se destinará a programas sociales, algunos de ellos utilizados con fines clientelares; y a los megaproyectos de su administración que se han convertido en barriles sin fondo a los que se han destinado muchos más de los recursos públicos previstos inicialmente y siguen sin terminarse.
Con esta decisión, Andrés Manuel López Obrador continúa con el desmantelamiento de organismos y programas a cargo del Estado creados, en muchos casos, para atender grupos vulnerables, como las Escuelas de Tiempo completo, el seguro popular, las estancias infantiles, los comedores populares y refugios para mujeres golpeadas, entre otros que, ante la reducción del presupuesto de las dependencias responsables, han quedado en la indefensión.
Se suma además a la extinción de 153 fideicomisos públicos con el supuesto de eliminar gastos innecesarios y destinar más dinero a enfrentar la pandemia, pero que, en realidad, fue destinado también a los programas sociales y a las megaobras.
La desaparición de algunos de estos fideicomisos implicó una reducción importante de presupuesto para la ciencia, tecnología, cultura, salud, medio ambiente, y la protección de la población en casos de desastres naturales; a periodistas, y defensores de los derechos humanos. Hasta este momento, el Ejecutivo Federal sigue sin transparentar a dónde realmente se destinaron los recursos obtenidos con la extinción de estos fideicomisos.
Una situación similar se generará con la actual iniciativa. Resulta particularmente preocupante la eliminación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, porque debilita aún más el combate a la corrupción en momentos en que se están dando casos como el desfalco de 15 mil millones de pesos a Segalmex, a la cabeza de la cual se encontraba un íntimo amigo del Presidente, Ignacio Ovalle Fernández, quien ni siquiera ha sido citado por la Fiscalía General de la República.
También prende las alertas la adscripción al Sistema Nacional DIF de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, cuando está demostrado que el DIF no ha cumplido con el mandato constitucional de garantizar el interés superior de la niñez.
En el mismo sentido, adscribir como unidad administrativa de la Secretaría de Gobernación a la Coordinación General de la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados (COMAR), frente a la crisis humanitaria que sufren las y los migrantes en México, violenta de forma grave los derechos humanos.
No cabe duda que, en los hechos, López Obrador sí está mandando al diablo a las instituciones pero no para hacer más austero y eficiente el servicio público, sino para ocultar la ineficiencia, el despilfarro, la corrupción y el uso de recursos públicos con fines clientelares.
