Ante la instrucción (real o inventada) del Fiscal General para que los agentes del Ministerio Público no atiendan esos casos, mujeres y niñas víctimas de una violación viven un verdadero calvario. Son tantas las trabas que ponen y tales los pretextos para no atender, que terminan invitando a las víctimas y a sus familiares a desistir.
Al menos dos casos recientes de los que se tienen testimonios, evidencian la ausencia de protocolos y la falta de sensibilidad por parte de quienes deberían dar su apoyo a las víctimas y perseguir a los agresores para que reciban merecido castigo.
En uno de los casos, una menor de edad fue levantada desde un automóvil y tras ultrajarla, sus agresores la abandonaron en un lote baldío. Sus padres, de extracción humilde, la llevaron a una de las unidades de los Servicios Médicos Municipales (Cruz Verde) y en esta, la Ministerio Público se negó a recibirla con la excusa de la instrucción del Fiscal General es no atender este tipo de asuntos.
A la menor y sus padres se sumaron abogados que envió la empresa donde trabaja el papá de la afectada. Ante la confusión que persiste después de la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres y la falta de definiciones respecto a facultades y atribuciones de la incipiente Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, acudieron al Hospital de Zapopan y ahí les negaron el servicio “por falta de insumos”.
En medio de la desesperación y con la menor de edad inmersa en el trauma por la agresión, acudieron a “Ciudad Niñez”, donde se supone confluyen alrededor de diez dependencias diferentes y cuya función principal es atender a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad mediante su atención, protección y restitución de sus derechos humanos. Pues bien, en el mismísimo Centro de los Derechos de la Niñez del Estado de Jalisco, incitaron al padre de la menor a desistir en su denuncia, so pretexto de que la menor no podrá identificar a sus violadores.
Abstenerse de denunciar, dejaría a la persona afectada en la indefensión y el abandono. En el caso particular de la menor, se le dejaría sin la posibilidad de acceder a los servicios que el gobierno está obligado a ofrecerle, como atención psicologica y medicamentos (incluida píldora del día siguiente), la realización de diversos estudios y el tratamiento para evitar la transmisión de alguna enfermedad venérea.
Conforme los protocolos, el agente del Ministerio Público, tras recibir la denuncia y abrir la respectiva carpeta de investigación, debió ordenar la realización de pruebas periciales en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que los expertos peritos ginecólogos revisaran a la víctima, no solo para confirmar o descartar la violacion y tener las bases jurídicas para sancionar a los responsables, sino también para que recibiera la atención y seguimiento a posibles repercusiones como embarazo, enfermedades de transmisión sexual y daño psicológico, atención a la que tiene derecho la víctima y el Estado tiene obligación de otorgar por ley.
El calvario vivido por la menor de esta historia, sus padres y abogados que de buena voluntad decidieron apoyarles -y quienes no desistieron pese a las trabas- se llevó más de 24 horas. El ministerio público no tomó declaración a la niña, toda vez que después de horas de estrés, llanto y desatención, fue vencida por el sueño.
Por cierto, del segundo caso de violación de una menor de edad que se tuvo conocimiento, luego de la negativa de atención, la familia desistió y se retiró cargando con toda la frustración por sentirse en el abandono de parte de sus autoridades.
Las estadísticas
El delito de violación es más frecuente de lo que pudiera pensarse. Las estadísticas oficiales varían mes con mes, pero las denuncias promedian 30 al mes.
De acuerdo con información de la propia Fiscalía General, durante 2018 fueron presentadas 413 denuncias por violación (simple y equiparada). El mes con mayor número fue diciembre con 43, mientras que septiembre fue cuando menos casos se denunciaron con 21.
En enero y febrero del presente año, han sido presentadas 23 y 38 denuncias respectivamente.
Estas cifras pueden resultar poco reveladoras, toda vez que existe un subregistro importante.
Datos del Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad revelan que cada 40.53 minutos se abre una carpeta de investigación por el delito de violación, pero muchos casos no se denuncian debido al trato que se da a las mujeres en los Ministerios Públicos y por el nulo acceso a la justicia.
Además, la denuncia no garantiza justicia: de acuerdo con la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV), solo 40 por ciento de los casos denunciados es consignado ante los tribunales superiores de justicia para continuar el proceso judicial.
