Tras la determinación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de llevar a juicio a tres funcionarios de la Fiscalía del Estado por presuntas irregularidades en la aprehensión del empresario Horacio Servín, el abogado Miguel Ángel Basulto Guzmán, representante de los implicados, señaló que la acusación tiene vicios de origen y advirtió que “todo el caso es irregular y responde más a factores políticos e inventos”.
El litigante dijo que “se pretende enjuiciar ilegalmente a mis representados simplemente para crear una cortina de humo en un pleito entre particulares».
Al advertir que ni siquiera se cumplió con el requisito de emplazar a lis imputados 48 horas antes, Basulto Guzmán aseveró que la Fiscalía Anticorrupción actúa bajo consigna, sin respetar el debido proceso e incluso ya están preparando órdenes de aprehensión y dictarles prisión preventiva por default.
«Con una inusitada celeridad, la Fiscalía Anticorrupción arma un caso como un favor al Fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, quien tiene un particular interés en el caso y ha sido señalado por favoritismos al otorgar un desistimiento a una persona que actualmente está acusada por fraude», añadió el abogado.
Por su parte, el abogado de Horacio Servín Martinez, Marco Antonio del Toro Carazo, había denunciado que los servidores públicos falsearon y prefecharon documentos para confeccionar una investigación por un fraude de mil 588 millones de pesos, que reclamó su hermano.
La contraparte ha manifestado que la Fiscalía tomó «bando» en la disputa y quiso beneficiar irregularmente a Horacio, al pedir su liberación y fabricar una indagatoria contra su personal. Sobre Solís Gómez pesa actualmente una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una solicitud de juicio político y una denuncia ante la propia Fiscalía Anticorrupción, la cal por cierto, solicitó audiencia para formular imputación contra Dulce Fabiola Becerra Moya, Lidia Enríquez García y José Lino Estrada Morales, agentes ministeriales adscritos a Tlajomulco de Zúñiga.
Según la carpeta de investigación 13/2020, los agentes están señalados por abuso de autoridad y delitos cometidos contra la administración de justicia por la supuesta fabricación de la averiguación previa con la cual fue detenido Horacio Servín, accionista de la fábrica de sulfato El Águila, desde el 25 de diciembre pasado.
El Juzgado Octavo de Control los citó para la audiencia inicial este viernes a las 12:00 horas, sin embargo, no se presentaron; sólo acudió Celina Castellanos Vázquez, secretaria del Juzgado Noveno Penal, quien giró la orden de aprehensión y también está señalada entre las anomalías.
