Por: Martín López Cedillo
La seguridad vial de los jaliscienses es un tema que no se restringe dentro de la Ley de Movilidad aprobada por la LX legislatura y en la cual se marcan las obligaciones y derechos que tienen entes responsables de auditar y operar el servicio de transporte público colectivo, con el fin de evitar accidentes y pérdidas humanas.
Subrayar que la autoridad tiene la facultad de establecer todas las medidas y acciones preventivas que el marco legal le permita y, al mismo tiempo, aplicar con todo rigor las consecuencias legales cuando se suscita un accidente vial donde, en este caso, se involucra el transporte público. Si existiera mayor coordinación o mejor dicho COORDINACIÓN de autoridades, las cosas serían diferentes.
Dado que se requiere un ejercicio de control y supervisión únicos para abatir las deficiencias e irregularidades del servicio, se necesita de una coordinación interinstitucional, donde participen: la Secretarías de Salud, la del Trabajo; la de Transporte; la Fiscalía General a través de su Policía Vial; e inclusive el imeplan que hasta el momento no sé para qué es útil.
El propósito es que ejerzan una supervisión efectiva, única, cuyos métodos, esfuerzos y acciones se combinen para lograr una evaluación objetiva y veraz, lo ideal es que se instrumenten estrategias de corrección, procurando en todo momento la efectividad de medidas que tiendan, no solo a sancionar a conductores (que es lo único que saben hacer) y concesionarios del servicio, sino a implantar un nuevo paradigma que eleve de forma sustantiva la prestación del mismo, cuidando los derechos de los involucrados: Usuario, operador y concesionario, siempre garantizando la seguridad y la mínima utilidad.
Las reglas deben ser claras para todos y entre otras cosas y medidas, las autoridades debidamente coordinadas, tendrán como responsabilidad la revisión física de unidades, con medidas predictivas, preventivas y correctivas en su mantenimiento mecánico y de confort, pero se requiere un esfuerzo en conjunto de los organismos dedicados a la prestación del servicio, transporte colectivo y masivo, en todas sus modalidades.
Los prestadores del servicio en general, la Secretaría de Transporte y la Policía Vial, deben establecer mecanismos de control con la tecnología de vanguardia, registrarse todos los resultados, todos los tipos de diagnóstico y las revisiones de supervisión correspondientes, las cuales deben abarcar los controles, entradas y salidas, revisiones aleatorias en ruta no en trayecto, sino en origen o en destino.
El factor humano no se debe descuidar y para ello se requiere: Estricta vigilancia de la condición de salud en la que laboran los operadores, la certeza de que no conducen bajo los efectos de alcohol o drogas. Así como de la certidumbre de que el ambiente laboral y la carga horaria son adecuados y de acuerdo con las recomendaciones que tanto la Secretaría de Salud como la del Trabajo tengan presente en el ámbito nacional e internacional.
Por supuesto, es necesario se homologuen las prestaciones y condiciones laborales, así como una reglamentación y protocolo de actuación uniformes.
Es urgente que se consolide el nuevo modelo de transporte público, pero partiendo de la organización y transformación de los concesionarios que ya prestan el servicio y, paulatinamente, los que se agreguen con los proyectos de crecimiento de transporte masivo. Sin simulaciones, ya en serio.
FACTORES QUE GENERAN ACCIDENTES VIALES, INVOLUCRADO EL TRANSPORTE PÚBLICO:
• La duración de jornadas laborales excesivas de los operadores.
• La recepción de pago en efectivo del servicio, que realiza de forma directa el conductor.
• Elementos de distracción como: los acompañantes, estéreos, obstrucción parcial de parabrisas con identificadores de ruta, etc.
• Falta o deficiencia en los elementos de seguridad de la unidad: regulador de velocidad, sistema de puertas cerradas en movimiento, no contar con espejos banqueteros o de puntos ciegos, modificación de distancia o altura de los asientos y de la franja de polarizado en la parte superior del parabrisas, falta de luces.
• La auto competencia en una misma ruta, que se suscitó ante la deficiencia de figuras legales de organización empresarial del servicio. Hoy corregidas y en proceso de transformación del modelo de transporte.
• El incremento de unidades en ciertas rutas o modalidades, generado por la autorización judicial, que ha permitido la prestación del servicio sin concesión, como es el caso de los mototaxis.
• La escasa capacitación que reciben los operadores y despachadores del servicio o la deficiencia en su diseño, por ausencia de un contenido homogéneo y progresivo.
• Las condiciones laborales que imperan, su indeterminación por la pluralidad en la aplicación de criterios de pago que permite la Ley Federal del Trabajo y por la exigencia de tiempos y frecuencias no acordes a la realidad de una metrópoli congestionada; la falta de elementos de comodidad para la toma de alimentos, aseo, necesidades fisiológicas y descansos dentro de la jornada.
• La falta de atención y examen del estado de salud de los operadores del servicio.
• La invasión de las rutas.
Esperemos todo ello sea corregido, por el bien de los usuarios, los operadores y los empresarios que aún apuestan por invertir en este servicio.
