Por: Héctor Romero González
La amenaza de distintos gobernadores de abandonar el sistema nacional de coordinación fiscal (SNCF) vuelve a poner sobre la mesa del debate público una vieja discusión sobre su idoneidad y, sobre todo, nos recuerda que este pende de alfileres ante la posibilidad de que cualquier entidad se retire del esquema con la simple aprobación del congreso local.
Pero, ¿cómo impactaría esto a los contribuyentes y las finanzas públicas si algún estado verdaderamente decide retirarse?
Para entender esto debemos considerar que en el sistema federal hacendario previsto por la constitución, existe una concurrencia de facultades impositivas, lo que significa que tanto la federación como los estados pueden establecer contribuciones para cubrir el gasto público y poder cumplir con sus funciones, pudiendo, inclusive, gravar doblemente el mismo objeto. La propia Suprema Corte ha reconocido que el marco constitucional solo limita la determinación de tributos desproporcionados, pero no la doble tributación.
Lo anterior, con la salvedad de aquellas contribuciones que son competencia exclusiva de la federación, mismas que son limitadas y sobre las cuales obligatoriamente se debe establecer un mecanismo de distribución en favor de las entidades.
Tradicionalmente, esta concurrencia generaba una excesiva regulación, inequidad entre los contribuyentes y distorsiones en la economía nacional.
Para evitar que esto sucediera, desde finales de los cuarentas se concretaron esfuerzos para que algunas entidades renunciaran a sus facultades de establecer impuestos locales al comercio y a la industria, el cual sería recaudado exclusivamente por la federación y luego redistribuido.
A pesar de las buenas intenciones, menos de la mitad de las entidades se habían adherido a este modelo para inicios de los setentas, especialmente aquellas que más recaudaban en forma autónoma.
Para corregir estos problemas, en 1978 se expide la actual Ley de Coordinación Fiscal, asegurando una mayor participación de los estados en la recaudación de la federación, motivando así a la totalidad de entidades federativas para sumarse al pacto, lo cual implicó la desaparición de 18 impuestos federales y 458 estatales.
Además, con esto se evitaron guerras fiscales, es decir, la competencia entre entidades para atraer contribuyentes mediante tasas menos gravosas.
Este nuevo sistema por un lado persigue una finalidad resarcitoria, al asignar los recursos de manera proporcional a la participación en la recaudación, lo cual se conoce como participaciones, las cuales son ejercidas libremente por cada estado.
Por su parte, a partir de 1997 la ley también contempla una finalidad compensatoria, al establecer el mecanismo para distribuir entre las entidades federativas las aportaciones, las cuales constituyen recursos etiquetados para fines específicos que se distribuyen en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social, entre otros.
Este robusto esquema ha tardado décadas en construirse y si bien debe adecuarse permanentemente a la política fiscal del país, lo cierto es que abandonarlo como una medida improvisada sería un balazo en el pie.
Las entidades y municipios cuentan con haciendas públicas débiles. Como muestra, en el estado de Jalisco en 2017 los ingresos propios generados por la entidad representaron apenas el 18.75% del total de ingresos, mientras que, en 2018, apenas alcanzaron el 8.5%.
En todo caso, si alguno de los estados opta por seguir esta ruta, la decisión deberá venir acompañada de un largo período de transición que implique el desarrollo y fortalecimiento de capacidades recaudatorias, con especial atención en los municipios, incluyendo la expedición de la legislación que sustituya los tributos en los que se dejará de participar, con el costo político que ello implica.
Recordemos que al desfederalizarse el impuesto de tenencia pocas entidades asumieron el costo político que conllevaría su adopción como tributo estatal, lo que seriamente disminuyó sus ingresos, así que ¿por qué no pasaría lo mismo con aquellos que actualmente recauda la federación?
Sin embargo, este debate está fuera de lugar, ya que, a pesar de lo insistido por diversos actores políticos, el abandono del sistema ningún efecto tendría para la atención de la pandemia, lo cual, sin lugar a dudas, debe ser la prioridad para todos los niveles de gobierno.
@hecromg
