Por: Dip. Verónica Juárez Piña
Vicecoordinadora del GPPRD
Andrés Manuel López Obrador se vanagloriaba de ser un defensor férreo de los derechos de la clase trabajadora. Siempre acusó al neoliberalismo de destrozar la protección social de las y los trabajadores y simplemente dejarlos a su suerte. Y nosotros compartimos ese discurso: el sistema económico dominante en México abandona al trabajador y lo coloca en una posición de perpetua incertidumbre laboral. Se han desmantelado los sindicatos, las prestaciones son por debajo de lo que marca la ley y lo sueldos son precarios. Ese mercado laboral injusto es lo que una izquierda responsable debe combatir.
Sin embargo, “por sus acciones los conoceréis”. Las palabras se las lleva el viento y las acciones perduran a través del tiempo. ¿Qué hizo López Obrador cuando tenía apenas una hora al frente del Ejecutivo Federal? Ordenar la mayor violación de derechos laborales que hemos visto en México en décadas.
En lugar de ponerse del lado de las y los trabajadores y sus familias, sacudió de forma irresponsable la burocracia y se llevó entre las patas a miles de trabajadoras y trabajadores que llevaban muchos años entregando su vida en el servicio público.
No hubo un ejercicio previo de análisis, planeación y visión para aprovechar de mejor manera la experiencia, formación y eficiencia del personal que labora en las distintas dependencias. Ni para detectar cuáles de esas plazas se entregaron como favor político, contubernio o nepotismo. No, por el contrario, fue una poda arbitraria e ilegal y que deja en el limbo laboral a miles de familias en México.
No hay duda que el exceso de burocracia generó una pesada carga para el erario público, pero también es cierto que el desempeño del personal al servicio del Estado es clave para que este funcione adecuadamente en beneficio de los mexicanos. De ahí la importancia de una revisión previa para lograr un equilibrio entre el gasto y la eficiencia. La austeridad no debe ser pretexto para menoscabar los derechos de los trabajadores.
Las contradicciones son evidentes. López Obrador actuó como aquellos a quienes tanto criticó. Despidió injustificadamente a miles de funcionarios porque necesitaba hacer espacio en la nómina para cumplir con sus compromisos políticos. Otra cosa hubiera sido un plan integral a mediano y largo plazo, para adelgazar algunas áreas de la administración pública.
Un plan que tomara en cuenta los derechos laborales de las y los empleados públicos y que pudiera ofrecer indemnizaciones o incentivos a quien decidiera dejar su espacio en la administración. La decisión de López Obrador es la peor de todas: no significa un ahorro relevante, despide a muchísimos empleados y empleadas que sacan la chamba todos los días y aparte tendrá reveses muy significativas de los tribunales. Violar derechos laborales para lograr nada.
Ya son muchos resbalones de López Obrador en un mes al frente del Ejecutivo.
Algunos a partir de decisiones acertadas, pero mal procesadas, como la reducción en los salarios de la alta burocracia que compartimos en el PRD, pero criticamos por la forma tan poco pulcra en que se propuso. Lo que pasó era de esperarse: la Ley de Remuneraciones está suspendida.
Lo mismo pasará con la burocracia federal: en 6 meses tendremos múltiples reinstalaciones y todo por hacer mal las cosas. El Presidente debe entender que en un país de instituciones, leyes y protección a las y los trabajadores no puede hacer lo que él quiera. México necesita un Presidente interesado en la protección de los derechos de trabajadoras y trabajadores; un interés que tuvo cuando era oposición, pero que ahora ha dejado de lado.
