El inicio de 2025 ha traído consigo una alarmante serie de agresiones contra niños y adolescentes en México, donde los casos de violencia, tanto perpetrados por adultos como entre pares, han sido ampliamente difundidos en medios de comunicación y redes sociales. Esta situación ha encendido las alarmas sobre la creciente mortalidad violenta en este sector vulnerable de la población, lo que exige una revisión urgente de las políticas de protección y prevención.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la mortalidad por homicidio en menores de 18 años refleja una tendencia dual: mientras que las muertes de niños menores de diez años han disminuido significativamente desde 1990, los homicidios dolosos en adolescentes de 14 a 17 años han mostrado un incremento alarmante. Este fenómeno plantea preguntas críticas sobre la seguridad y el bienestar de las nuevas generaciones en el país.
Un análisis detallado de las cifras revela que, en el grupo de menores de un año, el número de homicidios ha pasado de 143 en 1990 a 43 en 2023. Sin embargo, la tendencia es preocupante en los grupos de edad superiores. Por ejemplo, en el segmento de 14 a 17 años, el promedio de homicidios ha escalado de 675.9 casos anuales en la década de 1990 a 951.7 en el periodo de 2020 a 2023, lo que indica un aumento sostenido en la violencia dirigida hacia los adolescentes.
La violencia entre pares, sumada a los crímenes cometidos por adultos, pone de manifiesto la necesidad de abordar no solo la seguridad pública, sino también las condiciones sociales y educativas que propician este tipo de agresiones. La falta de programas efectivos de prevención y la desintegración del tejido social son factores que deben ser considerados por las autoridades para frenar esta tendencia devastadora.
Con base en estos datos, es imperativo que la sociedad civil, así como las instituciones gubernamentales, tomen medidas concretas para proteger a los niños y adolescentes en México. La urgencia de la situación demanda un enfoque integral que involucre a todos los sectores para garantizar un entorno seguro y saludable para las futuras generaciones. La violencia contra los menores no es solo un problema de cifras; es un llamado a la acción que no puede ser ignorado.
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