El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República ha expresado su preocupación ante la reciente resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual consideran como un factor que agrava la crisis constitucional en el país y que, según afirman, amplía la cadena de ilegalidades en la implementación de la reforma que busca someter a elección popular a los integrantes del poder judicial.
Desde el inicio del proceso de reforma, Movimiento Ciudadano advirtió sobre las potenciales consecuencias de una iniciativa que, a su juicio, está motivada por un intento de captura política de uno de los Poderes de la Unión. «Hoy enfrentamos las consecuencias de las ocurrencias e irresponsabilidades del régimen», señalaron representantes del partido, subrayando su crítica a la falta de un enfoque adecuado en la reforma judicial.
La bancada naranja denunció lo que consideran una nueva serie de ilegalidades en la ejecución de esta reforma, resaltando la creciente tensión entre el TEPJF, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Esta tensión se ve agravada por la decisión del TEPJF de desacatar una suspensión dictada por un juez federal, lo que, según Movimiento Ciudadano, genera confusión sobre qué determinaciones deben ser acatadas.
Además, el grupo parlamentario argumenta que la Mesa Directiva del Senado no cuenta con las facultades necesarias para suplir al Comité de Evaluación del Poder Judicial. «No puede un poder tomar determinaciones por otro Poder, que competen exclusivamente a este, y menos mediante una tómbola improvisada», manifestaron, acusando de invasión de facultades que alteran el texto constitucional.
Movimiento Ciudadano ha mantenido una postura firme, sugiriendo que la reforma judicial es un fracaso atribuible a Morena y sus aliados, quienes, en su intento por llevar a cabo una venganza política, han presentado una propuesta que carece de análisis jurídicos y técnicos sólidos, y que ha sido elaborada sin un diálogo inclusivo.
La reciente resolución del TEPJF, argumentan, ha profundizado la crisis constitucional al ignorar múltiples mandatos judiciales que exigen la suspensión del controvertido procedimiento de elección de juzgadores. Esta acción, aseveran, no solo amplía la cadena de ilegalidades, sino que también socava los principios democráticos del país.
Ante esta situación, la Bancada Naranja exhorta a los partidos del régimen a detener lo que consideran una simulación que atenta contra la democracia. «Es imperativo respetar el Estado de Derecho y los principios constitucionales para garantizar un sistema judicial imparcial y efectivo», concluyeron, haciendo un llamado a la responsabilidad política en la gestión de la justicia en México.
Recibe las últimas noticias y mantente siempre informado en nuestro canal de WhatsApp y Telegram
