El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, confió en que el consenso al que arribaron las diferentes bancadas en el Senado sobre la aprobación de las leyes secundarias de la Guardia Nacional mantenga el espíritu civil de este nuevo cuerpo de seguridad pública.
“Confío en que este consenso de las fuerzas políticas del país representadas en el Congreso haya llegado a la conclusión de ese espíritu de adscripción totalmente civil, que la perspectiva sea ese adoctrinamiento civil y estaremos analizando próximamente la confirmación”, indicó.
“Nos hubiera gustado que hubiera un Parlamento Abierto, no lo hubo”, añadió en entrevista previa a la presentación del libro «Libertad de expresión».
González Pérez recordó que la CNDH interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ésta fijo parámetros, que confió hayan sido tomados en cuenta.
“Sobre la Ley Orgánica de la Guardia Nacional también hicimos una consideración y un planteamiento era la mayor garantía de que el personal que se incorpore de origen militar tenga la separación debida para garantizar esa contribuir del perfil civil”, añadió.
El titular de la CNDH dijo que si bien no conoce a detalle los proyectos esto no fue óbice para que el organismo presentara sus consideraciones, “ahí están los documentos de la CNDH en leyes como el registro de detenciones”.
“El registro debe de tener la inmediatez y la oportunidad de registro para evitar posibles actos ilícitos como torturas o el peor de los flagelos como es la desaparición. El uso de la fuerza legítima del Estado, ahí están los parámetros que pusimos a consideración”.
Posteriormente, durante su participación en el acto realizado en la sede del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), precisó que la democracia y la libertad de expresión están íntimamente entrelazadas, porque sin libertad de expresión no hay democracia.
Dijo que las nuevas tecnologías de información, particularmente las redes sociales, son instrumentos técnicos que permiten al ciudadano el ejercicio de la libertad de expresión y, al mismo tiempo, son todo un reto.
El ombudsman nacional resaltó que con independencia de coyunturas o filiaciones políticas o ideológicas de cualquier índole “el hecho concreto es que 148 periodistas han sido asesinados desde el año 2000, de los cuales siete han sido victimados en los primeros meses de 2019.
Indicó que esa situación coloca a México como el país latinoamericano con el mayor número de homicidios de periodistas, lo que sustenta y justifica que se considere el ejercicio de la actividad periodística en México como de alto riesgo, sin que las autoridades responsables acierten a implementar políticas públicas que permitan vislumbrar que la violencia contra el gremio pueda tener un fin.
En la mayoría de los casos impera la impunidad, dijo, situación que contraviene el señalamiento que ha hecho la Corte Interamericana sobre la obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar todo acto que afecte la libertad de expresión, sin importar si proviene de autoridades o particulares, para no incurrir en responsabilidad, incluso internacional, por acción u omisión.
Señaló que conforme al último análisis de la CNDH a las indagatorias relacionadas con homicidios de comunicadores se determinó que en cerca de 90 por ciento de los casos existe impunidad, cifra que se eleva a ciento por ciento tratándose de los 21 casos de comunicadores desaparecidos y de 52 atentados a instalaciones de medios de comunicación que se han presentado desde 2000.
