El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, lamentó que a casi un año el Gobierno Federal ha faltado al compromisos de investigar las desapariciones y ejecuciones arbitrarias de 42 personas, en donde son acusados elementos de Secretaría de la Marina, policías estatales y hasta el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Raymundo Ramos, presidente del Comité, criticó la insensibilidad de la pasada administración federal en este caso particular, pero también mostró su preocupación porque a cinco meses del actual gobierno no se ha dado seguimiento al mismo.
“La verdad no queremos terminar el año arrastrando la injusticia, la impunidad y el reclamo social que hay en todo el país para este tipo de violaciones graves a los derechos humanos”, expresó.
En 2018, entre febrero y mayo, expuso el también periodista, ocurrieron 42 desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias atribuidas en su mayoría a un grupo de Operaciones Especiales de Marina.
El 30 de mayo del mismo año la Oficina del alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos con sede en Ginebra, Suiza, emitió una carta al gobierno mexicano pidiéndole una investigación sobre los hechos en los que se presume la participación de elementos de dos fuerzas de Seguridad Pública.
“El 7 de junio se hizo en Nuevo Laredo una reunión de alto nivel con autoridades de Gobernación, Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Comisión Nacional de Búsqueda de la entonces PGR y las víctimas, y de esa reunión salió el compromiso de hacer una investigación imparcial y exhaustiva”, recordó Raymundo Ramos.
Previamente, en mayo, la CNDH emitió medidas cautelares a la población de Tamaulipas para pedir a Marina que se abstuviera de hacer detenciones arbitrarias y que conminara a sus elementos a ser respetuosos de los derechos humanos.
El 5 de diciembre de 2018, ya en la actual administración, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas expuso el caso en audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, donde estuvo el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
“Ahí se comprometió exactamente a los mismo: a darle seguimiento a las investigaciones, a realizar búsquedas y a apoyar a los familiares. También invitó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a hacer una visita a nuestro país, y particularmente a Nuevo Laredo para acompañar este caso”, apuntó el activista.
El 17 de enero de este año, el subsecretario Alejandro Encinas validó los compromisos asumidos en Washington ante familiares de víctimas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Pero además de incumplir los compromisos internacionales, señaló Ramos, las autoridades federales y estatales han hecho una campaña de persecución y desprestigio en su contra y también de familiares de las víctimas.
“El Fiscal Especial en la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada, Abel Galván, se ha dedicado a investigarme a mí, como defensor de derechos humanos y a familiares de las víctimas; nos quiere involucrar con el crimen organizado y a los marinos y a los de las fuerzas estatales no los toca, los encubre”.
Más allá de esto, añadió, el fiscal debería trabajar a favor de las víctimas, pero en cambio, además de proteger a los marinos, altera o desaparece evidencia.
Ante esa situación, Raymundo Ramos sostiene que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, debería cambiar a ese representante social, nombrar al fiscal en Derechos Humanos y en concreto dar el mensaje de que en realidad hay un cambio en la procuración de justicia.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, sostiene que las pruebas con las que cuentan involucrarían en las desapariciones y ejecuciones a elementos de Fuerza Tamaulipas y agentes de la policía municipal, incluso el alcalde neolaredense Enrique Rivas Cuéllar y el gobierno de Cabeza de Vaca.
“Nosotros sabemos que hay responsabilidad directa del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y del alcalde de Nuevo Laredo, Rivas Cuéllar, por omisión, porque de febrero a mayo (2018) nunca atendieron a las víctimas, nunca llamaron a una reunión de seguridad para ver qué estaba pasando”.
Tamaulipas, cuyos dos últimos gobernadores están en prisión bajo acusaciones de extorsión, tráfico de drogas, lavado de dinero y fraude bancario, así como por peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, sigue siendo una de las entidades más violentas del país.
