México no podrá superar la situación que enfrenta en materia de seguridad y justicia si no revisa y atiende los problemas de su sistema penitenciario, alertó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
Al presentar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2018, el ombudsman advirtió que ocho entidades salieron reprobadas en ese ámbito y consideró que el de las Islas Marías era el mejor o de los mejores centros penitenciarios.
Expuso que suponer que la prevención e investigación de delitos, así como la procuración de justicia, concluyen cuando se determina una pena privativa de libertad resulta una visión limitada y parcial.
El verdadero problema consiste en que si los centros penitenciarios no son atendidos o vigilados pueden ser focos o factores que propicien inseguridad, violencia, corrupción y, paradójicamente, impunidad.
Criticó que se siga pretendiendo que con la privación de libertad de un acusado se logre su efectiva reinserción social, por eso la CNDH se ha abocado a señalar de manera reiterada la necesidad de diseñar y desarrollar políticas públicas que promuevan la justicia social y restaurativa.
Acompañado por la tercera visitadora general Ruth Villanueva Castilleja, González Pérez enfatizó que a pesar de los indudables avances aún queda mucho camino por recorrer para que los derechos humanos se respeten y sean plenamente vigentes en el sistema penitenciario mexicano.
De ahí que el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria sea una herramienta que hace posible medir e identificar deficiencias, áreas de oportunidad y logros, pues este instrumento contiene consideraciones cuantitativas y cualitativas.
Este diagnóstico se muestra mediante semáforos correlacionados con las calificaciones y con aspectos positivos que aluden a una adecuada práctica o, en su caso, con deficiencias o situaciones negativas importantes de atender.
Respecto de la cancelación de las Islas Marías como centro penitenciario González Pérez señaló que no obedeció a un camino deficiente a la reinserción social, y en opinión de la CNDH era el mejor o de los mejores centros penitenciarios para hacer vigente un principio constitucional.
El ombudsman nacional alertó que con la aplicación de la prisión preventiva oficiosa existe el riesgo de que se rebasen los espacios penitenciarios, lo que significaría un retroceso porque se tendría a inocentes en la cárcel durante el tiempo del proceso y a responsables absueltos al término del mismo.
En cuanto a evaluación, el DNSP reveló que los centros de reclusión de Guanajuato, Querétaro y Coahuila alcanzaron calificación mayor a ocho, mientras que los de otras 21 entidades obtuvieron entre seis y ocho.
Las ocho entidades restantes, Veracruz, Sinaloa, Zacatecas, Hidalgo, Guerrero, Nayarit, Baja California Sur y Tamaulipas, resultaron reprobadas al conseguir menos de seis puntos.
