Líderes sociales y activistas de Colombia destacaron que el refugio humanitario que instalaron esta semana en Bogotá les permitió visibilizar ante los colombianos y la comunidad internacional la crisis humanitaria que enfrentan en sus territorios.
“Logramos contarle al país que el conflicto sigue vigente, que hay territorios en los que la paz no se ha sentido, logramos visibilizar la crisis humanitaria que atraviesan nuestras comunidades”, señala Johana Castaño, vicepresidenta del Coordinador Nacional Agrario, citada por el diario local El Espectador.
Al menos dos mil activistas participaron en la movilización para denunciar el creciente número de agresiones que enfrentan en Colombia ante la falta de políticas que les brinden protección, por lo que hicieron un llamado al gobierno del presidente Iván Duque para que garantice su seguridad.
Durante la semana que permanecieron en Bogotá, en el refugio instalado en la plaza de toros La Santamaría, los activistas sostuvieron una serie de encuentros en el Congreso, en varias embajadas, así como con funcionarios de gobierno.
“No puede ser que estemos a la discreción de un presidente que piensa más en Venezuela que en Colombia (…) Mientras él llama a la paz en Venezuela, aquí asesinan a los líderes, los amenazan, los sacan de sus tierras”, indicó la senadora por Unidad Patriótica, Aída Avella.
Las declaraciones de Avella se dieron durante la audiencia pública convocada en el Congreso el martes pasado, para atender los reclamos de los líderes sociales ante la ausencia de garantías de seguridad para el ejercicio de su labor.
Además de sostener encuentros con embajadas de varios países en Bogotá, los manifestantes realizaron un plantón frente a la Fiscalía General de la Nación, un «velatón» en la Plaza de Bolívar y varias movilizaciones por las calles de Bogotá.
De acuerdo con algunos dirigentes sociales, un primer logro de la protesta fue haber movilizado a más de dos mil defensores de derechos humanos en la capital del país, y llamar la atención de la opinión pública a través de los medios de comunicación.
A la audiencia en el Congreso estaban convocadas las principales entidades encargadas de la protección a líderes, como los ministerios del Interior, de Defensa, la Unidad Nacional de Protección, la Procuraduría y la Defensoría.
El director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Ricardo Arias, se comprometió en ese encuentro a reactivar la Mesa Nacional de Garantías, un espacio de interlocución directa entre organizaciones sociales y entidades del gobierno, que estaba suspendida desde la llegada de Duque al gobierno.
Para Olimpo Cárdenas, del equipo nacional de Derechos Humanos y Paz del Congreso de los Pueblos, ese hecho es un compromiso puntual del gobierno que debe cumplirse, y haberlo escuchado en un escenario público fue un logro.
A nivel nacional, las organizaciones sociales también consideraron un avance importante la construcción de una hoja de ruta para que la iniciativa del refugio humanitario continúe, y el establecimiento de un compromiso a la autoprotección de sus comunidades.
