El Comité Internacional de la Cruz Roja colaborará en la «liberación definitiva» de los manifestantes detenidos en el marco de la crisis política en Nicaragua, que fue uno de los compromisos asumidos por el gobierno de Daniel Ortega con la opositora Alianza Cívica.
Además de facilitar el proceso de liberación, la Cruz Roja deberá cotejar las listas de detenidos tanto de la Alianza Cívica como del gobierno, a fin de conciliarlas, indicó José Adán Aguerri, representante de los opositores en el diálogo.
Según Aguerri, la Alianza Cívica presentará tanto la lista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como los casos que han sido registrados por la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Las partes participantes en la mesa de diálogo alcanzaron la víspera un acuerdo en el que el gobierno de Ortega se comprometió a liberar en un plazo de 90 dias, a partir del 20 de marzo, a todos los manifestantes detenidos desde que se inició la crisis política, en abril de 2018, así como cerrar sus expedientes judiciales.
Otros compromisos asumidos por el gobierno ante la opositora Alianza Cívica son poner fin a las detenciones arbitrarias, el desarme de grupos paramilitares y levantar la prohibición de reunión pacífica, vigente desde octubre pasado, además de garantizar el derecho a la manifestación, concentración y movilización pública.
Las partes también se comprometieron a que todos los nicaragüenses en el exterior, incluidos los que abandonaron Nicaragua tras el estallido de la crisis, podrán retornar “con plenas garantías y seguridad personal y familiar”, señaló El Nuevo Diario en su edición digital.
En la sesión del diálogo del viernes, quedó pendiente avanzar en el tema electoral, por lo que la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) manifestó su disposición a retomar las labores relacionadas con el Proyecto de Reformas y Fortalecimiento al Proceso Electoral.
El nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, y el enviado especial de la OEA, Luis Angel Rosadilla, quedaron como garantes internacionales de los compromisos, considerados como los más importantes desde que se inició el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición el 27 de febrero pasado.
La crisis en Nicaragua, que se inició en abril de 2018 en protesta por un proyecto para reformar el sistema de pensiones, ha dejado más de 300 muertos, unos dos mil heridos, cientos de detenidos y más de 52 mil exiliados, de acuerdo con cifras de la CIDH.
