El gobierno de Canadá reiteró su oposición a la extraterritorialidad del Título III de la denominada Ley Helms-Burton de Estados Unidos, y señaló que está preparado para proteger a las empresas canadienses que hacen negocios con Cuba.
“La oposición de Canadá a la Ley Helms-Burton se basa en los principios del derecho internacional y refleja nuestra objeción de larga data a la aplicación extraterritorial de leyes por parte de otro país», indicaron el viernes en un comunicado la canciller Chrystia Freeland y el ministro de Justicia, David Lametti.
Explicaron que Canadá implementó desde 1996 la Ley de Medidas Extraterritoriales Extranjeras (FEMA) para proteger a los canadienses y a las empresas del país, así como a los trabajadores que emplean.
«Nuestra legislación FEMA es fuerte y estamos preparados para aplicarla», agregaron los ministros en el comunicado divulgado este sábado, al recalcar que bajo esa norma, ninguna sentencia emitida bajo la Helms-Burton será reconocida o ejecutada en Canadá.
La FEMA permite además a los canadienses usar los tribunales canadienses para demandar a la persona que inicie una acción bajo la Helms-Burton, incluso cuando los procedimientos aún estén en curso, lo que les permitirá recuperar los recursos destinados a gastos legales y por las pérdidas o daños incurridos.
El gobierno de Canadá siempre defenderá a los canadienses y las empresas del país que realizan negocios e inversiones legítimas con Cuba, y está revisando todas las opciones en respuesta a la decisión de Estados Unidos, agregaron.
También continuará trabajando con sus socios internacionales, incluida la Unión Europea (UE), para defender a las empresas del país, puntualizaron.
El 17 de abril pasado, el secretario estadunidense de Estado, Mike Pompeo, anunció que el Título III de la Ley Helms-Burton se implementaría en su totalidad el pasado miércoles 2 de mayo.
La Ley de Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba, comúnmente conocida como Ley Helms-Burton, entró en vigor en Estados Unidos en 1996, para evitar que países extranjeros participen en el comercio internacional con la isla caribeña, sometiendo a ciudadanos extranjeros a restricciones de viaje y obligaciones financieras en Estados Unidos.
Hasta enero de 2019, sucesivas administraciones estadunidenses habían suspendido continuamente la aplicación del Título III de la legislación.
