Por: Verónica Juárez Piña
Con su autoritaria frase “Yo soy el Comandante Supremo”, el presidente López Obrador cerró la posibilidad de conocer a fondo la participación de las Fuerzas Armadas en los hechos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, en la que desaparecieron los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
Como consecuencia de esta falta de transparencia por parte del Estado Mexicano, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dio por terminada su participación en la investigación de la desaparición de los estudiantes y denunció la negativa de las Fuerzas Armadas de brindar la información sobre el caso.
En el marco de su último informe de trabajo, el GIEI advirtió que “para resolver el caso se necesita de toda la información que el Estado ha tenido desde el día de los hechos para conocer el destino y paradero de los jóvenes o en su caso se supo, se hizo o se dejó de hacer… El músculo del Estado estaba presente y no protegieron. Saben y sabían lo que pasó… El riesgo que hemos enfrentado es que la mentira se institucionalice como respuesta, lo cual es inaceptable”. (Proceso, 29 de julio de 2023)
El GIEI fue creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para brindar asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La participación del GIEI fue fundamental para desmontar la mal llamada Verdad Histórica con la que la entonces Procuraduría General de la República, durante la administración de Peña Nieto, pretendió dar carpetazo a este asunto.
Asimismo, los expertos acompañaron a las madres y padres de familia, quienes demandaron al nuevo gobierno reabriera la investigación que hoy está obstaculizada ante la negativa de Andrés Manuel para que tanto el Ejército Mexicano como la Secretaría de Marina proporcionen toda la información respecto a la participación de sus respectivos elementos en los hechos.
“Se tiene que dar acceso a esa información; no solo la necesitamos nosotros, la necesitan los representantes, los padres, las madres, la necesita el país para poder esclarecer un caso, que no sólo es un caso de desaparición que toca un grupo determinado, sino que toca aspectos estructurales de funcionamiento de las instituciones y aspectos estructurales de la democracia en el país”, sostuvo el grupo de especialistas en derechos humanos.
Frente a estas acusaciones, durante la mañanera del 28 de julio, el titular del Ejecutivo Federal evitó que los secretarios de Marina-Armada de México, Rafael Ojeda Durán y la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, respondieran y afirmó que él daría la información en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, solamente reiteró que existe una campaña sin fundamento para debilitar a las Fuerzas Armadas y reiteró su respaldo al Ejército Mexicano.
De esta manera, López Obrador no sólo vuelve a colocar un manto de impunidad sobre las Fuerzas Armadas, sino que obstaculiza la oportunidad de garantizar la memoria, verdad y justicia para las familias de los 43 estudiantes normalistas que, desde un principio, han acusado a los militares de participar en la desaparición de sus hijos.
