Por: Salvador Cosío Gaona
Devastada y sufriendo un colapso económico total, se encuentra la República Bolivariana de Venezuela, el país dueño de las mayores reservas de petróleo del mundo y en algún momento considerado el más rico de América Latina.
Venezuela sigue cayendo en picada. Su Producto Interno Bruto PIB se ha desplomado 54% desde el máximo alcanzado en 2013, la segunda mayor caída que registra la historia moderna.
Con una asombrosa inflación que llegará al 10 mil por ciento en el año en curso, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, y con un salario mínimo mensual por debajo de los 3 dólares norteamericanos, un gran porcentaje de la población se encuentra en la extrema pobreza. Alrededor de 4 millones de personas están malnutridas, y algunas han muerto de desnutrición. Han resurgido enfermedades evitables con vacunas, o cuya causa es el agua sucia, como la fiebre tifoidea y la hepatitis A. Los hospitales, carentes de medicinas, personal y equipos, se han vuelto disfuncionales, lo que ocasiona aún más muertes.
La culpa recae plenamente en las desastrosas políticas económicas, la corrupción y el favoritismo del presidente Nicolás Maduro y su predecesor Hugo Chávez. El régimen atribuye esta espantosa situación a las sanciones internacionales, pero el deterioro económico de Venezuela comenzó mucho antes. Las confiscaciones arbitrarias (al igual que la delincuencia y la violencia en las calles) son una amenaza constante, un conjunto bizantino de controles administrativos ha vuelto inútil al sistema de precios, y no hay divisas para importar los repuestos necesarios para hacer funcionar los camiones y la maquinaria industrial. En este ambiente, las empresas no pueden prosperar y la economía no puede crecer.
Tristemente, el dolor y la destrucción no se limitan solo al ámbito económico. El aspecto más aterrador de la tragedia de Venezuela es la violencia infligida a los venezolanos por su propio gobierno. Según el contundente informe emitido recientemente por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet (expresidenta de Chile), miles de personas han muerto en operaciones de seguridad realizadas por el gobierno, y cientos de opositores al régimen languidecen en las cárceles, donde son sometidos a golpes, ahogamientos simulados, violencia sexual y otras formas de tortura.
Y en medio de todo este caos, deviene otro, el que tiene que ver con terrorismo y guerrillas.
Supuestos atentados contra instalaciones públicas de Caracas habrían sido frustrados por el gobierno de Venezuela, que de paso, acusó a la oposición de su país y al presidente colombiano, Iván Duque, de estar detrás de ese complot.
El gobierno venezolano aseguró este sábado haber frustrado varios atentados con explosivos contra instalaciones públicas en Caracas, y vinculó con esos planes a la oposición y al presidente colombiano, Iván Duque.
Según Venezuela, un grupo de «terroristas y asesinos» buscaba dinamitar el Palacio de Justicia, una sede policial y un edificio. Uno de los tres supuestos ejecutores fue arrestado el pasado jueves.
El gobierno acusó que los involucrados fueron adiestrados en Colombia y que el detenido reveló la supuesta existencia de tres campamentos de entrenamiento en Maicao, la Sierra Nevada de Santa Marta y Riohacha, cerca de la frontera con Venezuela.Una de esas bases, dice el gobierno, es coordinada por el mayor general retirado Clíver Alcalá, quien acompañó al difunto presidente Hugo Chávez en un fallido golpe de Estado en 1992.
Además, se señala como jefe político de la operación al exiliado parlamentario Julio Borges, nombrado esta semana «comisionado de relaciones exteriores» por el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, entre ellos Colombia.
Tras mostrar imágenes satelitales de las supuestas locaciones, el gobierno venezolano acusó al mandatario colombiano de estar implicado en la operación.
La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, anunció en Twitter que el caso será denunciando ante Naciones Unidas.El gobierno venezolano reporta continuamente planes de atentados en contra de Maduro por parte de opositores y de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.
El mandatario venezolano acusó al expresidente colombiano Juan Manuel Santos de un presunto atentado con drones cargados de explosivos del que salió ileso el 4 de agosto de 2018.
Los nuevos señalamientos se producen en medio de denuncias de Duque de que Maduro, a quien tilda de «dictador», apoya a un grupo disidente de la guerrilla de las FARC que anunció su rearme esta semana tras apartarse de los acuerdos de paz suscritos en 2016.
Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación venezolano, presentó ante medios masivos lo que afirma que son «pruebas» de que atentados fallidos contra el país fueron planeados desde suelo colombiano.
«Los ‘narcoparagobiernos’, como el Gobierno de Álvaro Uribe y el Gobierno de Iván Duque, de manera permanente perpetran, levantan, inventan falsos positivos para promover o justificar agresiones contra países, contra movimientos y contra personas», aseveró Rodríguez.El político apuntó a una serie de funcionarios de migración colombianos acusados por Caracas de permitir el paso de individuos y varios artefactos, entre ellos drones, para perpetrar el frustrado atentado contra el presidente Nicolás Maduro y su equipo en agosto de 2018.
Un año después de ese intento fallido, Rodríguez señaló a un funcionario colombiano conocido como Rayder Ruso —alias ‘Pico’— como autor logístico de la operación. Por otro lado, procedió a mostrar fotografías de explosivos presuntamente colocados el pasado 17 de agosto en la sede de las Fuerzas de Acciones Especiales venezolanas.Según el ministro, gracias a información de inteligencia se capturó un ciudadano con doble nacionalidad de apellido Gómez Peñaranda, presuntamente encargado de colocar explosivos en el Palacio de Justicia de Caracas. El hombre fue grabado proveyendo detalles sobre supuestos ataques fallidos e individuos que habrían formado parte de las operaciones.
De acuerdo con el individuo, una organización dirigida por un general venezolano llamado Cliver Alcalá se encuentra reclutando gente para una operación llamada ‘Fuerza de Libertad’ «para ser usada en función de tumbar al presidente». Precisó que para este fin cuenta con tres campamentos en Colombia: en Maicao, Riohacha y la Sierra Nevada de Santa Marta.
Según Jorge Rodríguez, «todo esto forma parte de un plan que tenía su culminación en 15 días», periodo en el que se planeaban perpetrar ataques «de mayor magnitud» contra el pueblo de Venezuela.
Así pues, vale remembrar que en marzo de 2019, el Banco Interamericano de Desarrollo reconoció como presidente interino Venezuela a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional.
En ese contexto, son cada vez más las voces que sugieren que otras instituciones multilaterales deberían seguir el ejemplo del BID. Para los partidarios de Guaidó, el mundo tiene que insistir en la ilegitimidad del régimen de Maduro y en la necesidad de que haya elecciones libres y una transición a la democracia, y que se ponga fin al sufrimiento de los venezolanos.
El equipo de Guaidó ya ha elaborado un plan para la reconstrucción de Venezuela pos-Maduro.
La comunidad internacional debería hacer lo propio a través de un esfuerzo coordinado por parte de gobiernos, entidades multilaterales y ONG. El empeño y los recursos necesarios para reconstruir Venezuela serán vastos. Las primeras prioridades son proporcionar alimentos, agua potable y suministros médicos, y ayudar a que los niños regresen a las escuelas.
El próximo paso debe ser la reparación de la infraestructura. La red de energía eléctrica ha sido pobremente mantenida, la distribución y el almacenamiento del agua son anticuados, y en el sector agrícola, que abastece menos del 25% de las necesidades alimentarias del país, existe una extrema falta de insumos como fertilizantes y semillas. Y, puesto que la producción de petróleo ha caído más del 70% desde 2006, la modernización y la reestructuración de este sector resultan absolutamente cruciales para la reconstrucción de Venezuela, que ahora se encuentra en un dilema casi bélico con su vecino país Colombia, a quien acusa de complot.
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