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Venezuela acusa injerencia de la ONU y la Unión Europea

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El gobierno de Venezuela rechazó los señalamientos de Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y seguridad, y de Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, sobre el actuar institucional del país.

La Suprema Corte de Venezuela y la Asamblea Nacional Constituyente retiraron la inmunidad parlamentaria a Jorge Millán, Hernán Alemán, Carlos Lozano y Luis Stefanelli el 16 de diciembre, lo que resulta en una violación a sus provisiones constitucionales y contra la división de poderes, acusó el sábado 21 de diciembre Borrell.

Ese mismo día, la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a cargo de Bachelet, expresó su preocupación por la detención del diputado venezolano Gilbert Caro y del comunicador social Víctor Ugas.

“Instamos a las autoridades a respetar su derecho al debido proceso, además de abstenerse de actos intimidatorios contra miembros de la Asamblea Nacional por el ejercicio de sus derechos”, indicó el organismo internacional.

El gobierno de Maduro respondió con un rechazo “categórico” a ambas declaraciones y acusó que revelan un sesgo carente de rigor diplomático.

“A través de posiciones injerencistas como las expuestas, estos organismos pretenden interferir en los procesos que adelanta el sistema de justicia venezolano para salvaguardar las instituciones democráticas y la paz social”, indicó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela en un comunicado.

Las opiniones de Bachelet y de Borrell son “inaceptables intromisiones en asuntos internos de un Estado soberano”, acusó la dependencia, a cargo de Jorge Arreaza, quien también este domingo rechazó la incorporación de Bolivia al Grupo de Lima.

La ONU y la Unión Europea deberían atender problemas graves en Latinoamérica, como la judicialización política contra Evo Morales o la represión y violaciones a derechos humanos que suceden “casi a diario” en Bolivia, Chile y Colombia, agregó el ministerio.

“Las instituciones del Estado venezolano no cejarán en su empeño por proteger a su pueblo de agresiones políticas planificadas y financiadas desde el exterior, al neutralizar, mediante la aplicación adecuada y oportuna de las disposiciones constitucionales y legales, cualquier nuevo intento de propiciar golpes de Estado y eventos de violencia política en el país”, concluyó.

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