Por: Salvador Cosío Gaona
Interesante la aparición que hizo el jueves el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez ante medios de comunicación. Aprovechó la conferencia de prensa, a la que convocó para enviar un mensaje a la población, en el cual dio a conocer que las autoridades que le precedieron maquillaron cifras en cuanto la comisión de delitos, que hará las denuncias correspondientes y que llegará a “lo más alto” para que se castigue a los responsables. Obviamente, quedan preguntas en el aire, pero quizá las más importantes son: ¿Qué pretende el titular del Ejecutivo con este señalamiento? ¿Será que busca curarse en salud y envía una señal para decirnos que no podrá resolver el grave problema que azota a los jaliscienses?
Para nadie debe ser una sorpresa lo que comunica el Gobernador, quienes transitamos cada día en esta entidad, podemos dar fe de que el problema es mayúsculo. Todos conocemos a gente que ha sido víctima de alguna u otra manera de la inseguridad; nueve de cada diez personas hemos sufrido la violencia en nuestra persona o en nuestros bienes. Hemos tenido que modificar nuestras rutinas, nuestro estilo de vida y el de nuestros hijos por temor a que se sumen a la estadística de víctimas, esa misma numerología que ahora se sabe, maquillaron las autoridades encabezadas por Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Un maquillaje que no maquilla porque estaba a la vista de todos.
En este mismo espacio he manifestado en no pocas ocasiones que el problema en materia de seguridad era serio y que se corría el riesgo de que se pudiera salir de control. Y este jueves el propio mandatario estatal me dio la razón al calificar como “sumamente grave”, la situación que vive Jalisco en lo que a seguridad se refiere.
Enrique Alfaro, denunció que la administración anterior, encabezada por Aristóteles Sandoval Díaz, maquilló las cifras que reportó ante el Sistema Nacional de Seguridad en el periodo de 2016 a 2018, situación que pudo detectar gracias a una investigación que realizó gente de su gabinete, por lo que presentarán las denuncias correspondientes contra quien resulte responsable.
El gobernador insistió en dejar en claro a los jaliscienses y al Sistema Nacional de Seguridad que en Jalisco no se volverá a incurrir en falsear las cifras para tratar de disfrazar la realidad, y que se hablará con la verdad como principio básico de la política de refundación de su agenda de seguridad y realizará su trabajo a partir de cifras reales.
También informó que ya se puso en contacto con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, para reportarle el hecho y pedirle que se lleve a cabo una auditoría de la información que envían todos los estados, a fin de esclarecer si esta situación se pudo haber cometido en otras entidades.
Algo que quizá no esperábamos, si bien no nos sorprende, es la revelación de que con las cifras que entregará la entidad se pueda colocar por encima de la media nacional en algunos delitos, como robo a vehículos, a negocios, a casa habitación, a personas, ya que en esos delitos patrimoniales es donde está la mayor parte de la omisión de las autoridades anteriores.
Alfaro ejemplificó que de junio a diciembre de 2016, la Fiscalía reportó al Sistema Nacional de Seguridad 63 mil 730 carpetas de investigación, cuando la cifra real era de 93 mil 841.
Al siguiente año, en 2017, la Fiscalía aseveró que en Jalisco se abrieron solo 117 mil 554 carpetas, pero la cantidad verdadera era 166 mil 599. De enero a noviembre de 2018, informó que eran 110 mil 357, y la realidad es que fueron 150 mil 448.
En el mes pasado se contabilizan 12 mil 307 carpetas de investigación. Con esa cifra verdadera dijo Enrique Alfaro que se va a “trazar nuestra ruta y nuestra estrategia de evaluación y seguimiento de la política de seguridad”.
El gobernador dijo que esta situación tuvo que haber sido conocida por las altas autoridades, mismas que autorizaron se entregaran números falsos al Sistema Nacional de Seguridad.
Además, anunció una investigación para determinar quienes son los responsables de esta situación que -dijo- constituye un delito federal y de la cual sospecha estuvieron enterados funcionarios de alto nivel.
«Si el entonces gobernador no sabía esto es más grave, ahora como gobernador yo puedo decir que no puedes no estar enterado, pero vamos a dejar que la investigación siga su curso (…) no quiero acusar a nadie sin tener pruebas», señaló.
La norma mencionada, establece en su artículo 139, una sanción con dos a ocho años de prisión y 500 días de multa a quien “ingrese a sabiendas información errónea, que dañe o que pretenda dañar en cualquier forma la información, las bases de datos o los equipos o sistemas que los contengan”.
En sus redes sociales, Alfaro Ramírez apuntó que le provocaba vergüenza de solo escribirlo: “revelamos que las cifras que presentó la Fiscalía en los últimos años, estaban rasuradas a conveniencia. Imagínense nada más.
Aproveché para reafirmar nuestro compromiso ante los ciudadanos y medios de comunicación de que a partir de este gobierno, en Jalisco se habla con la verdad para atender con toda seriedad el problema. A finales de esta semana daremos cifras más detalladas para que la gente pueda saber con toda claridad cómo vamos y qué es lo que sigue en este tema de principal importancia para todos”.
El mandatario se comprometió a poner todo su esfuerzo y “empeño en arreglar la realidad”, esa realidad que los jaliscienses vivimos todos los días; la realidad de la que yo les hablaba en innumerables ocasiones; la de los crímenes, los feminicidios, los multihomicidios, secuestros, desapariciones, robos a casas, extorsiones, asaltos a mano armada, y violencia generalizada. Esa realidad que enfrentamos, que nos duele y que lacera y por la que exigimos y urgimos a las autoridades a ponerse a trabajar para combatirla con un trabajo coordinado estado-Federación para volver a tener el mando, recuperar espacios públicos y recuperar territorios para restaurar la seguridad en Jalisco y en México.
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