Un “revés” es lo que un juez federal determinó sobre el Programa Sectorial de Energía (PSE) 2020-2024, pues fue suspendido parcialmente luego de un amparo presentado por la organización ambientalista Greenpeace.
De acuerdo con el diario Reforma, la orden fue ejecutada por parte del Juez Segundo de Distrito Especializado en Competencia Económica, Juan Pablo Gómez Fierro, por lo que el PSE quedará sin efecto provisional hasta nuevo aviso.
La orden es frenar las acciones principales que conforman el programa decretado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre todo aquello que se oponga a fomentar el empleo a través de energías renovables y disminución de contaminantes en el sector energético.
En ese sentido, todas las autoridades del sector energético, entre ellas la Secretaría de Energía (Sener), deberán cumplir con la nueva petición del juez, relacionadas con la suspensión provisional, así como abstenerse de seguir los lineamientos que conforme al PSE, como instrumento de planeación en el sector energético.
El pasado 9 de julio, la Sener emitió un comunicado en el que destacó que los objetivos prioritarios del PSE y sujetos a la suspensión son:
*Alcanzar y mantener la autosuficiencia energética sostenible para satisfacer la demanda energética de la población con producción nacional.
*Fortalecer a las empresas productivas del Estado mexicano como garantes de la seguridad y soberanía energética, y palanca del desarrollo nacional para detonar un efecto multiplicador en el sector privado.
*Organizar las capacidades científicas, tecnológicas e industriales que sean necesarias para la transición energética de México a lo largo del siglo XXI.
*Elevar el nivel de eficiencia y sustentabilidad en la producción y uso de las energías en el territorio nacional.
*Asegurar el acceso universal a las energías, para que toda la sociedad mexicana disponga de las mismas para su desarrollo.
*Y Fortalecer al sector energético nacional para que constituya la base que impulse el desarrollo del país como potencia capaz de satisfacer sus necesidades básicas con sus recursos, a través de las empresas productivas del Estado, las sociales y privadas.
Entre las acciones suspendidas destacan el uso “optimizado” de combustóleo para generar electricidad, revisar y corregir la autorización de permisos de generación contrarios a los objetivos de la política energética nacional, evaluar de manera integral el desempeño de los contratos establecidos en las subastas de largo plazo, y ajustar tarifas para que las empresas paguen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) los costos reales por el servicio de porteo.
El próximo 17 de septiembre el juez determinará si concede o no la suspensión definitiva en torno al tema.
