La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la validez de la elección de Jaime Bonilla Valdez como gobernador de Baja California, por un periodo de dos años.
El anuncio fue dado a conocer tras atender las impugnaciones presentadas por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano y el partido local Transformemos.
Las magistradas y magistrados consideraron infundadas las impugnaciones del PRD, en las que se consideraba como inelegible al candidato Bonilla Valdez, por supuestas faltas a los requisitos de nacionalidad y residencia.
La Sala Superior destacó que la resolución de este miércoles avala un periodo para la gubernatura de dos años, como señala la Constitución local.
«El periodo permanece así, pues la impugnación que presentó el candidato de Morena, respecto al periodo de mandato, fue desistida por el propio actor y ratificada por mayoría de votos por esta Sala Superior, luego de un recurso presentado por Movimiento Ciudadano», subrayó.
Las y los magistrados consideraron que Jaime Bonilla cumple con los requisitos de nacionalidad y residencia para asumir el cargo de gobernador, al considerar infundadas las impugnaciones del PRD, que consideraban que el candidato electo era inelegible por incumplir con dichos requisitos.
También se calificó como infundado el recurso del partido local Transformemos, en el que expuso conceptos de invalidez de la votación recibida en diversas casillas con la pretensión de que se efectuara un ajuste en el cómputo de los resultados.
De ese modo, la Sala Superior del TEPJF desechó los puntos relacionados dentro de su jurisdicción en torno al caso del gobernador electo, sin embargo, aún existe la llamada «Ley Bonilla», una reforma del Congreso local que aún no ha sido promulgada, y que de hacerlo podría tener nuevas impugnaciones que tendrían que ser resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El 12 de septiembre pasado, la Sala Superior también determinó que el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California será el que deba resolver las demandas interpuestas en contra de la consulta ciudadana que propuso el Congreso local para saber si la ciudadanía está o no de acuerdo con la «Ley Bonilla».
