La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha tomado medidas drásticas para garantizar la continuidad del proceso electoral, al ordenar la reactivación inmediata de los trabajos del comité de evaluación en un plazo no mayor a 24 horas. Esta decisión surge en el contexto de la controversia provocada por el juez Sergio Santamaría, quien fue señalado por interferir indebidamente en las competencias del TEPJF al suspender las actividades del comité.
En una votación dividida, el TEPJF determinó presentar una denuncia penal contra Santamaría ante la Fiscalía General de la República, argumentando que su actuación representa un grave atentado contra la administración de justicia. Además, se prevé la presentación de una queja formal ante el Consejo de la Judicatura Federal y la comisión de transición.
La magistrada presidenta Mónica Soto, quien también fungió como ponente del caso, enfatizó que ninguna autoridad, incluyendo a los jueces de amparo, tiene la facultad de cuestionar o desconocer las resoluciones emitidas por el TEPJF. Soto subrayó que la actuación del juez es de “alta gravedad”, al advertir que el TEPJF está constitucionalmente revestido de autonomía e independencia, lo que lo sitúa como la máxima autoridad en materia electoral.
Durante la sesión pública, se destacó que en el ámbito electoral no puede operar la figura de la suspensión, dado que la continuidad de los procesos electorales es un mandato de orden público. La reactivación de los trabajos del comité es crucial para asegurar que las elecciones judiciales se lleven a cabo conforme a lo previsto, evitando así cualquier dilación que pudiera comprometer la legitimidad del proceso.
El TEPJF ya ha abordado casos similares en el pasado, estableciendo que es inconstitucional suspender los procedimientos electorales en curso, los cuales están calendarizados y constitucionalmente previstos. En este sentido, tanto el TEPJF como la Suprema Corte han coincidido en que la naturaleza expedita de los procesos electorales no admite suspensión.
Con esta firme decisión, el TEPJF reafirma su compromiso con la legalidad y la autonomía del sistema electoral en México, asegurando que los principios democráticos y el orden constitucional prevalezcan ante cualquier intento de obstrucción.
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