A pocas horas de que Donald Trump asuma nuevamente la presidencia de Estados Unidos, la mandataria Claudia Sheinbaum ha dejado claro su apoyo a los migrantes mexicanos en el país vecino. Ante los amagos de deportaciones masivas, Sheinbaum afirmó que México está listo para recibir a sus connacionales con «los brazos abiertos», y subrayó la importancia de la comunidad migrante para la economía estadounidense, enfatizando que México no es un «protectorado» de ninguna nación.
Sin embargo, este optimismo contrasta con la realidad inminente que representa la retórica de Trump. El presidente electo ha prometido declarar una emergencia nacional en la frontera y relanzar la polémica política «Quédate en México», mientras acusa a su predecesor, Joe Biden, de haberle dejado una «crisis fronteriza catastrófica». Estas declaraciones generan un clima de incertidumbre y temor entre los migrantes, quienes se ven amenazados por la posibilidad de redadas masivas, como las que han comenzado a planearse en estados como California.
La respuesta de las autoridades en Chicago y otras ciudades ha sido la activación de medidas de preparación para la comunidad sin documentos, lo que evidencia la seriedad de la situación. La preparación de la Iglesia católica y la implementación de campañas informativas por parte del gobierno mexicano reflejan una respuesta inicial ante la crisis que se avecina. Sin embargo, la crítica se centra en la falta de un plan estructurado y coordinado que aborde de manera efectiva las necesidades de los deportados y que proteja sus derechos humanos.
Giovanni Lepri, representante en México de ACNUR, advirtió que el país enfrentará una fuerte presión en los próximos días, sugiriendo que se requieren programas bien diseñados para evitar el pánico entre los migrantes y sus familias. Es un llamado claro a la acción: mientras México se prepara para recibir a los deportados, es fundamental que se establezcan mecanismos de apoyo y reintegración que garanticen la dignidad y los derechos de quienes regresan.
La postura de Sheinbaum, aunque positiva, debe ser acompañada por políticas concretas y sostenibles que no solo sean reactivas, sino proactivas. La historia ha demostrado que las amenazas de deportación masiva no solo desestabilizan a las comunidades migrantes, sino que también impactan negativamente en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. En este contexto, es crucial que el gobierno mexicano actúe con determinación y claridad, no solo para proteger a sus ciudadanos, sino también para enfrentar los desafíos que impone una política migratoria cada vez más hostil.