Por: Héctor Romero González
Los gobiernos de todos los órdenes deben asegurar la eficacia del gasto y evitar despilfarro de recursos públicos, pero ¿qué implicaciones tiene la pandemia provocada por el brote de COVID-19 para cumplir con esta obligación?
Durante la fase de emergencia y atención de crisis de este tipo, cuando la necesidad es apremiante y las vidas de ciudadanos dependen de la rapidez con que se adquieran los insumos exigidos, los controles que normalmente se aplicarían pueden resultar insuficientes o inadecuados.
Ante este escenario, los gobiernos han establecido mecanismos excepcionales en los cuales se facilita y flexibiliza la adquisición de bienes y contratación de servicios. En el caso de México, tanto el gobierno federal como algunos locales han facultado a las instancias responsables de salud para adquirir todo tipo de bienes que sean precisos sin necesidad de licitación pública.
Esta circunstancia, si bien es necesaria para poder responder ante la emergencia con la oportunidad requerida, de igual forma provoca un alto grado de discrecionalidad en la toma de decisiones y puede abusarse fácilmente de puestos públicos para un beneficio propio, es decir, se está ante un caldo de cultivo de corrupción de funcionarios de la administración nacional o locales, personal de ONG’s, voluntarios o personas pertenecientes a la élite local que busquen aprovechar sus relaciones.
Ahora bien, este riesgo no es solo de corrupción, sino que también puede existir una grave ineficiencia. Como antecedente debemos recordar la experiencia de atención de la pandemia de Influenza H1N1, donde las instancias de salud adquirieron y distribuyeron insumos a las unidades hospitalarias sin sustento suficiente que respaldara la necesidad real de apoyo, se adquirieron medicamentos inútiles para atender la enfermedad o irregulares, así como se liberó de responsabilidades o se concedieron prórrogas exageradas a proveedores que incurrieron en incumplimientos de contratos para dar abasto de material de salud.
Ante esto, las contrataciones que se realicen en este marco, a pesar de la flexibilización en cuanto a su exhaustividad para procurar su agilidad, no pueden entenderse como ajenas a todo tipo de control.
En ese sentido, el sector público está obligado a adecuar ad hoc los riesgos en la gestión y las instancias de vigilancia mantenerse alerta de aquellas cuestiones que se consideren como banderas de riesgo, ya que, a pesar de la paralización del país ante las medidas de aislamiento, la cuarentena parece no ser extensiva a la corrupción y el mal gobierno.
Sobre esto, “Transparencia Internacional”, una de las ONG más destacadas en el combate a la corrupción en el plano internacional, ha emitido una serie de recomendaciones a observarse por los gobiernos para asegurar la integridad durante periodos de contingencia, mismo que se basa en cinco ejes fundamentales: transparencia y datos abiertos, proponiéndose la publicación focalizada de las contrataciones públicas en internet; administración de recursos, donde resalta la importancia de que se informe sobre el origen de los recursos que se tienen disponibles para afrontar la contingencia, las afectaciones presupuestarias que podrían sufrir otras partidas o fondos, así como la justificación para su determinación y las reglas generales que deberán regir el uso de esos recursos; rendición de cuentas, para lo cual establece el deber de informar a la sociedad sobre las acciones emprendidas de manera detallada y puntual una vez concluida la emergencia; garantizar la competencia económica, para lo cual es indispensable evitar favoritismos y procurar, en la medida de lo posible, la participación de PYMES en la provisión de bienes y servicios necesarios en la emergencia; por último, el seguimiento del gasto durante la contingencia.
Como herramienta de gran utilidad a nivel nacional, “Transparencia Mexicana” y “TOJIL”, colectivos de la sociedad civil, han desarrollado un mecanismo de seguimiento a los planes y acciones empleados por el sector público en las 32 entidades federativas y el gobierno federal, al cual se han sumado el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, así como algunos homólogos estatales, adoptando el lema #SusanaVigilancia, en alusión a la heroína del momento.
Ante esta coyuntura, las instancias de control interno, como lo son la Secretaría de la Función Pública, las contralorías de los estados y los órganos de control municipales cobran una especial relevancia, ya que son responsables en un primer momento y, en tiempo real, de la prevención, detección e investigación de responsabilidades, así como, en algunos casos sancionar a los funcionarios públicos.
Entre las principales áreas de oportunidad para estos órganos se encuentra adecuar sus canales de denuncia vía internet con el objetivo de facilitar a la ciudadanía y partes interesadas proporcionar información que permita identificar áreas de riesgo para orientar su actuación.
Así, su labor será vital para asegurar que los apoyos sociales a grupos vulnerables y sectores económicos afectados no sean desviados para fines distintos, ni aprovechados para generar redes clientelares, así como para verificar que los insumos adquiridos realmente sean los necesarios para proteger la salud de la totalidad de la población mexicana y que la logística de su distribución sea acorde a la demanda que impone el ritmo de crecimiento de casos de coronavirus y defunciones.
@hecromg
