Por: César M. Jiménez Martínez
Durante la campaña y ahora en el gobierno, López Obrador ha dicho que su estrategia de seguridad está encaminada a combatir las causas que pueden generar la violencia, como lo son la pobreza, la marginación, las desigualdades, etc.
“Abrazos, no balazos”, es el lema de esa estrategia fallida, acompañado de un discurso bíblico, al estilo de san Pablo en su carta a los romanos (12,21): “Vince in bono malum” (Vence al mal con el bien). En los últimos días dijo que aunque lo criticaran, lo seguiría diciendo y permanecería como la consigna en su fallida estrategia contra la inseguridad.
Son conocidos los altos números delictivos que lleva esta administración, incluso, superando a los de Peña Nieto y Felipe Calderón. “Hay más muertos en la paz de Obrador que en la guerra de Calderón”, se dice entre los ciudadanos, que cada vez ven con más horror la inseguridad que impera en todo el territorio nacional.
Testimonios como los que viven comunidades de Michoacán, Guerrero, Chiapas o Tamaulipas, nos hacen volver a pensar lo que se decía en tiempos de lo más violento en la era calderonísta: ¡México es un Estado fallido! Grupos delincuenciales no tienen pudor ni vergüenza, al mostrar su predominio en partes del territorio nacional, pues muestran a su personal, vehículos y capacidad de armamento, en un claro reto a las autoridades locales, estatales y federales.
La respuesta presidencial sigue y seguirá siendo la misma, no a la confrontación, incluso a pesar de que esos grupos delictivos, tienen a mexicanos sumidos en el terror. Hay testimonios de mandos de seguridad, que existe la orden de dar la vuelta a grupos criminales, no enfrentarlos y menos perseguirlos.
Los mexicanos deben vivir en paz, una paz sí, que nace de la justicia social, como afirma Obrador, pero también, una paz que brinda un Estado de derecho, donde nadie puede estar por encima de la ley, donde el gobierno debe garantizar la salud, vida e integridad de sus ciudadanos y donde el monopolio de la violencia siga estando en manos de las instituciones constitucionales.