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Sanciones y liquidaciones: El INE avanza en la fiscalización de partidos políticos extintos

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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ha tomado medidas significativas en su más reciente sesión, imponiendo sanciones a varios partidos políticos nacionales como resultado de la resolución de nueve procedimientos administrativos sancionadores y de queja en materia de fiscalización. De estos casos, dos han sido considerados fundados, lo que ha llevado a multas sustanciales, destacándose el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con sanciones que suman más de $5.7 millones de pesos.

La multa más elevada fue impuesta al PRI por un monto de $3,145,632.00, debido a la omisión de reportar gastos relacionados con siete Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) en el año 2018. Adicionalmente, el partido recibió otra sanción de $2,621,370.33, por no rechazar la aportación de un ente impedido durante el periodo de campaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018.

En el marco de la misma sesión, el INE dio a conocer el Informe sobre los procedimientos de liquidación de los partidos políticos extintos, correspondiente al periodo de julio a diciembre de 2024. Este informe es parte de la labor del organismo para asegurar la transparencia y rendición de cuentas en la vida política del país. Asimismo, se aprobó la Lista Nacional de personas autorizadas para emitir peritajes contables, que será fundamental para el ejercicio fiscal de 2025.

Los consejeros también abordaron la modificación de la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos de la Agrupación Política Nacional Fuerza Migrante, en relación con la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y el ejercicio de su libertad de autoorganización. Por último, se atendió una consulta planteada por la Consejería del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), en cumplimiento con una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Con estas acciones, el INE reafirma su compromiso con la fiscalización rigurosa de los recursos y actividades de los partidos políticos, buscando un sistema electoral más justo y transparente.

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