Por: Verónica Juárez Piña
La Silla Rota y la organización Cadera de Eva, me honraron al invitarme a participar en la Mesa de Diálogo Virtual Menstruación Digna ¿Por qué es un asunto de salud pública?, que tuvo lugar el 4 de marzo.
La Ley General de Salud indica que la salud es el bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida así como el acceso universal a servicios de salud y de asistencia social, entre otros.
Desgraciadamente, este acceso, que está condicionado por la situación económica de las personas, nos muestra la relación que existe entre la pobreza y la carga de morbilidad. Es innegable que debido a las diferencias biológicas y sociales, el hecho de pertenecer a uno u otro sexo tiene gran impacto en la salud.
El estudio de los determinantes sociales es esencial para entender las desigualdades en salud según el género. Así, se ha puesto de manifiesto que a pesar de tener una esperanza de vida más larga, las mujeres suelen presentar un estado de salud peor que el de los hombres.
La salud sexual está vinculada a características biológicas de las mujeres, como la reproducción, e implica riesgos a su salud que requieren atención específica; aunque también está anclada al sistema tradicional de género que vincula a la reproducción con la maternidad, la crianza y el cuidado como si fueran también funciones esencialmente “naturales” y, por lo tanto, exclusivas de las mujeres.
Adicionalmente, la salud de la mujer está estrechamente vinculada con la eliminación de la violencia de género, con la protección de los derechos reproductivos y con el establecimiento de límites a las prácticas que son perjudiciales para su vida y salud. Estos tres componentes son fundamentales no solo para proteger la salud de las mujeres, sino para eliminar su situación de exclusión.
Debemos señalar que muchas mujeres, sobre todo aquellas que viven en estado de pobreza, no se consideran con una dignidad inherente porque sus condiciones económicas no les permiten reconocer su estado de enfermedad, ya que ello implica la imposibilidad de seguir trabajando.
Asimismo, los responsables de diseñar políticas públicas suelen olvidarse de que las mujeres tienen particularidades y, por lo tanto, entre las prioridades no incluyen diseñar o proponer las políticas públicas que les brinden protección y atención en caso de enfermedad, discapacidad o carga de trabajo excesiva. Es en este contexto que, en la conversación pública, hablar de menstruación está mal visto y genera incomodidad.
Al igual que la violencia familiar, éste es un asunto privado que no debe ventilarse y que tiene diversas connotaciones sociales y ha sido hasta los últimos tiempos que, en el caso de la violencia contra las mujeres, se ha convertido en un asunto público debido a la magnitud del problema.
En este sentido, debemos señalar que diversas investigaciones han revelado que el acceso desigual a los productos de gestión menstrual tiene un impacto significativo en la vida de las mujeres, afectando aspectos como el estudio, el trabajo, la salud y el desarrollo personal.
En consecuencia, coincidimos con quienes definen la pobreza menstrual, como la falta de acceso a productos para la gestión menstrual, la falta de infraestructura de agua, saneamiento e higiene; la estigmatización y discriminación, así como la falta de educación al respecto.
Es por ello que, en esta Legislatura, hemos planteado dos cosas fundamentales. En primer término, eliminar la tasa impositiva que grava a los productos de higiene menstrual como si fueran artículos de lujo y no insumos de primera necesidad.
El siguiente es, sin duda alguna, lograr la provisión de insumos para la higiene menstrual de manera gratuita. Esta semana vimos que esta medida fue aprobada por el Congreso Michoacano, estableciendo el suministro gratuito de estos productos a través de las escuelas públicas.
En este contexto hemos impulsado también una iniciativa que propone que sea justamente el Sistema Nacional de Salud el responsable de la provisión de estos productos para las niñas y mujeres a través de los hospitales, clínicas y dispensarios públicos en todo el país, obligando a las autoridades a establecer políticas para la provisión de insumos de gestión menstrual y convirtiéndolo, legalmente, en un asunto de salud pública. Este esquema tiene la ventaja de que, como lo hacen con la provisión de condones, resulta mucho más universal. No obstante, también consideramos el aprovisionamiento de productos de higiene menstrual a través de las escuelas, las que deberán coordinarse con el Sistema de Salud.
La aspiración del feminismo mexicano debe ser que las políticas públicas se diseñen con perspectiva de género y por ello debemos exigir un Sistema de Salud incluyente y para conseguirlo, la menstruación digna es sólo el primer paso en la construcción de una política sanitaria igualitaria, justa y democrática.
