Por: Héctor Romero González
“El potencial transformador de la democracia, no puede alcanzarse, si los procesos electorales son esencialmente deficientes.” – Kofi Annan
En días pasados el diputado federal morenista Sergio Gutiérrez Luna presentó una iniciativa con el objeto de reformar el artículo 41 constitucional, para reducir el período de la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, máxima autoridad en materia electoral.
A pesar de que el texto de la moción no está disponible en el portal de la Cámara de Diputados, el legislador ha propalado públicamente que se trata de una iniciativa a la que se sumaron más de 140 diputados de los grupos parlamentarios de MORENA, PES, PT y el Verde Ecologista, justificando la iniciativa en que resultaría “sano” que exista rotación entre los consejeros electorales para representar y dirigir el organismo. A su vez, ha agregado que, de aprobarse, Lorenzo Córdova deberá dejar el cargo durante el mes de abril del 2020, para empatarlo con la renovación de 4 consejeros que serán designados ese año, a pesar de que fue designado hasta el 2024, asumiéndose la nueva presidencia por quien designe la cámara baja, en la cual MORENA tiene 259 de las 500 curules.
Lo anterior provoca suspicacia, dado que permitiría tomar el control del organismo autónomo cuyos cimientos tardaron décadas en construirse.
Si bien la revolución mexicana fue un proceso que pretendió democratizar al país, no existieron verdaderos esfuerzos para institucionalizarla hasta la década de los setentas, cuando la contienda sin oponente de López Portillo a la presidencia fragmentó gravemente la legitimidad del Estado mexicano. Así, el primero de abril de 1977, el secretario de gobernación Reyes Heroles anunció que la administración impulsaría una reforma que obedeciera a la necesidad de una mayor representatividad y se asegurara la efectividad del sufragio. En ese contexto, se modificó la legislación electoral y se impulsó fortalecimiento de la Comisión Federal Electoral, la cual dependía de gobernación.
Sin embargo, ello no fue suficiente, en el 88 el país atravesó por las elecciones más controvertidas de su historia, donde la oposición denunció un fraude electoral cuando a Bartlett se le “cayó” el sistema y repentinamente el PRI se encontraba arriba en el cómputo de votos.
La demanda social propició una nueva reforma política electoral, incorporando los conteos rápidos basados en la experiencia filipina del Movimiento Nacional Ciudadano para Elecciones Libres y creándose el Instituto Federal Electoral (IFE), para sustituir a la entonces Comisión Federal Electoral. En este caso el triunfo fue parcial ya que a pesar de que se previó que su personal fuese elegido mediante un servicio profesional y su titularidad fuera plural, al estar compuesta su máxima instancia de consejeros del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos y consejeros magistrados, se determinó que el Consejo sería presidido por el secretario de gobernación, como representante del Ejecutivo.
No fue sino hasta 1994 que se logró una mayor independencia del organismo, cuando se reformó la carta magna para que el consejero presidente fuese un ciudadano elegido por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, lo cual legitimó a la institución frente a la percepción social como árbitro electoral. Así fue que en 1996 se eligió a Alonso Lujambio como su primer presidente ciudadano.
Como último antecedente relevante, en 2014, derivado del “Pacto por México” se aprueba una reforma a la legislación en materia electoral, en cuyo marco se crea el Instituto Nacional Electoral (INE), como un organismo nacional, es decir, organiza los comicios federales de manera directa, pero se apoya de los organismos locales electorales para las elecciones en los estados y municipios. En ese proceso legislativo se determinó que el organismo fuera presidido por un consejero ciudadano por un periodo de 9 años, estimándose que la independencia del organismo se encontraba directamente relacionada a la independencia de sus miembros, la cual debía estar garantizada a través de un proceso escalonado de duración y una presidencia cuya duración trascendiera las administraciones. Su primer consejero presidente fue precisamente Lorenzo Córdova, cuya remoción se pretende.
Así, la resiliencia de las instituciones electorales y la voluntad e integridad política que tardó décadas en cosecharse se ve amenazada con la iniciativa para reformar el funcionamiento orgánico del INE. Con especial gravedad debe considerarse que los legisladores pretenden que la reforma surta efectos para sustituir a Lorenzo Córdova de manera previa a que concluya el periodo para el cual fue designado.
Resulta deleznable que se legisle para ocasiones especiales, que se hagan trajes a la medida. Las legislaturas deben comprender la importancia de no cambiar las reglas del juego cuando el partido ya empezó y no ha concluido.
Ahora, esta iniciativa no está sola, desde marzo el mismo diputado Gutiérrez Luna presentó una iniciativa que pretende suprimir los Organismos Públicos Locales Electorales y concentrar sus funciones en el INE, justificándola con el mismo argumento que se utilizó para expedir la “Ley Bonilla”: la austeridad electoral.
Si bien esta última iniciativa no parecería grave por si sola, de acontecer en un escenario donde el INE sea cooptado por un grupo político, implicaría un control absoluto de los procesos electorales en todo el país, para todos los niveles de gobierno. En pocas palabras, un regreso a la dictadura perfecta.
Ante este escenario, tampoco podemos dejar de lado que se prevé disminuir en 1,071 millones de pesos el presupuesto del instituto, lo cual mengua su independencia y autonomía, ya que estas cualidades solo pueden lograrse mediante presupuestos y capacidad técnica adecuados.
Cuando las instancias electorales se debilitan se abre la puerta de las dictaduras y el autoritarismo.
@hecromg
