Tomás Zerón renunció a la dirección de la Agencia de Investigación Criminal de México. La fiscal general Arely Gómez aceptó la renuncia e informó la salida del funcionario.
Los padres de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala, Guerrero, y los expertos de la CIDH habían solicitado la separación del cargo de Zerón después de que en abril se divulgara un video que mostraba una diligencia no registrada en el expediente que hiciera el funcionario en octubre de 2014 en el lugar donde, según las autoridades, fueron encontrados —un día después— los restos de los normalistas desaparecidos.
Los peritos nombrados por la CIDH lo acusaran de no hacer bien su trabajo al inspeccionar el río San Juan y dicen que no hay evidencias de los restos de algunos de los jóvenes desaparecidos, como lo había indicado el funcionario.
Los expertos además acusaron al funcionario de manipular la presencia de los representantes de la ONU en el lugar.
El grupo de expertos independientes dijo que no hay registros de los resultados de esa diligencia realizada el 28 de octubre de 2014.
Las inconsistencias revelaría el video
El video muestra una diligencia que hiciera Zerón el 28 de octubre de 2014 al río San Juan, material que fue presentado a la prensa por el propio funcionario para aclarar que su presencia ahí fue legal, luego de que los expertos independientes señalaran que las actuaciones realizadas ese día en el río San Juan no fueron consignadas en el expediente del caso.
Carlos Beristaín, integrante del GIEI, dijo que «en el video presentado por el señor Zerón se dice que el día 28 hay 4 bolsas en el río San Juan, de las cuales no existe ningún registro; la actuación de los servicios periciales así como las fotografías y videos tomados el día 28 no están respaldados en ningún documento oficial».
Por ello los expertos, al igual que algunos políticos, exigieron entonces que el funcionario fuera apartado del caso y que se procediera a una investigación imparcial. «Lejos de aclarar la situación, las explicaciones dadas por Zerón ponen de manifiesto que su comportamiento está en contradicción con los estándares mínimos internacionales y, por tanto, agravan el problema», dijo Beristaín.
Los expertos también acusaron al funcionario de manipular la presencia de los representantes de la ONU en el lugar, que habían sido invitados por la fiscalía federal.
La versión del alto comisionado de la ONU
En un comunicado este jueces, la oficina del Alto Comisionado de la ONU en México señaló que no fue testigo de las diligencias de la fiscalía federal en el río San Juan.
El domingo pasado el grupo de expertos independientes presentó su último informe sobre el caso y en el que pone de manifiesto fallas en la investigación oficial. También lamenta la negativa del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de no extender su presencia en el país para seguir investigación un caso que considera, no está resulto.
Pero las autoridades han señalado que ya había pasado tiempo suficiente para que el grupo de expertos diera a conocer sus conclusiones del caso, y que su mandato no será ampliado, por lo que se tendrán que retirarse este 30 de abril, como estaba acordado.
Por lo pronto diversas organismos internacionales han hecho un llamado al presidente Peña Nieto para asegurar el seguimiento efectivo del informe del grupo de expertos una vez que estos se hayan marchado del país.