Por: Verónica Juárez Piña
Eduardo Medina Mora renunció en días pasados a su cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al que había sido electo por 15 años, y que sólo ejerció por poco más de tres. En la que la carta que dirigió al presidente de la República no explica las causas de su dimisión.
Sin embargo, el titular del Ejecutivo informó, el viernes por la mañana, que el ahora exministro renunció para atender denuncias en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).
El mismo viernes por la tarde, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, confirmó que la dependencia a su cargo tiene abierta una investigación por presunto lavado de dinero contra Medina Mora, por haber recibido transferencia financieras que no corresponden a sus ingresos.
La indagación de la UIF inició luego de que la National Crime Agency, del Reino Unido, descubrió transferencias millonarias realizadas desde México, en los últimos 24 meses, a cuentas del entonces todavía Ministro, por 2 millones 383 mil 526 libras esterlinas.
Por su parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, documentó que Medina Mora recibió también en sus cuentas, entre 2016 y 2018, 2 millones 130 mil dólares.
De tal manera que, en dos años, los depósitos en ambas cuentas en el extranjero sumaron 102 millones de pesos, lo que supera las percepciones de Medina Mora como Ministro en el mismo lapso.
En una carta de junio de 2019, dirigida al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuando se hicieron públicos los depósitos, Medina Mora desmintió la información, acusó violaciones a su privacidad y a su honor y dijo que seguiría cumpliendo con sus funciones.
La renuncia de Medina Mora y las presuntas causas por las cuales dimitió involucran varios aspectos sobre los que es necesario reflexionar, por la importancia de lo que involucra. Primero, la FGR está obligada a informar si ya le fue turnada la carpeta de investigación, cómo va el proceso y, de encontrar evidencias de depósitos irregulares, proceder.
Resultaría grave que un integrante de la SCJN esté implicado en un supuesto delito de “lavado de dinero”, porque ello pondría en duda la honorabilidad, el prestigio y la imparcialidad de las decisiones del máximo tribunal de justicia de la Nación.
De resultar cierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está obligada a pronunciarse y comprometerse a emprender una profunda revisión de sí misma, porque no es la primera vez que uno de sus integrantes resulta involucrado en un escándalo de presunta corrupción.
Otro aspecto tiene que ver con la selección del nuevo Ministro. Hay que cuidar, en todo momento que el proceso sea imparcial, que el Ejecutivo Federal no pretenda imponer un Ministro incondicional y que se respete, en toda circunstancia, la autonomía de la SCJN.
Esta podría ser una buena oportunidad no sólo para fortalecer la autonomía del Poder Judicial, sino de mejorar la percepción que de él tienen las y los mexicanos.
No hay que olvidar que el nombramiento de Medina Mora se dio en el marco de un proceso sumamente cuestionado por su cercanía con Enrique Peña Nieto. Algunos de los que cuestionaron esta designación eran senadores que ahora son cercanos al presidente, como Manuel Bartlet.
Por cierto, en un acto de congruencia, Bartlett también debería renunciar a la dirección de la Comisión Federal de Electricidad, por la investigación que sigue en su contra la Secretaría de la Función Pública, por no declarar inmuebles y empresas de su propiedad y de su familia.
Sin embargo, lo que nos ocupa ahora es que el actual gobierno repitió la misma práctica en la primera oportunidad que tuvo, pues en marzo de 2019 el Senado de la República eligió, de la terna propuesta por el Ejecutivo Federal, a Yasmín Esquivel Mossa para ocupar el cargo de Ministra que dejó vacante Margarita Beatriz Luna Ramos. Esquivel Mossa fue cuestionada por la oposición por ser esposa del empresario José María Riobóo, cercano al presidente López Obrador.
Por el bien de la República, de la división de poderes y la autonomía de los mismos, hay que terminar con la lesiva práctica de los presidentes en turno de buscar designar ministros carnales.
Más ahora que, utilizando la mayoría de su partido en el Congreso de la Unión, el titular del Poder Ejecutivo se ha convertido en el legislador número uno para sacar adelante leyes en beneficio, no del país, sino de sus intereses políticos y electorales. Resulta vergonzoso, que a la vieja usanza priista, Morena se asuma “como la bancada del presidente”.
