Por: Verónica Juárez Piña
El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, celebra que en el proyecto sobre la consulta solicitada por el Ejecutivo Federal contra los expresidentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga valer el Estado de Derecho.
En la revisión de la constitucionalidad de la pregunta materia de la consulta popular solicitada por el Presidente de la República, el Ministro Ponente, Luis María Aguilar Morales, sostiene que el objeto de la consulta popular que se solicita, se considera inconstitucional.
Sostiene, “el objeto de la consulta popular solicitada es inconstitucional desde su origen pues las obligaciones de las autoridades de investigar, perseguir y sancionar los hechos delictivos no pueden disociarse de los derechos de los que las personas gozan de acceder a la justicia pronta, completa e imparcial, al debido proceso y, en general, al correcto funcionamiento de las instituciones del Estado Mexicano”.
El proyecto además, es muy claro al señalar que “las autoridades del Estado mexicano se encuentran obligadas a denunciar cualquier hecho y a llevar a cabo todas las investigaciones necesarias para llegar a la verdad y sancionar cualquier delito cometido por cualquier persona —sea un expresidente, exfuncionario o cualquier persona que atente contra el Estado de Derecho y contra los derechos humanos particulares de cualquier persona”.
En tal sentido, plantea que “someter a consulta si la mayoría está de acuerdo o no en que las autoridades competentes investiguen, persigan y sancionen los delitos que pudieran ser cometidos por los expresidentes de la República, implica sujetar a la condición o elección de una porción de la población, cualquiera que sea su número, si las autoridades deben cumplir con sus obligaciones de protección de los derechos humanos, pero sobre todo, implicaría desvirtuar la finalidad de la consulta popular que, como derecho humano, busca maximizar la voz de la ciudadanía y fortalecer sus derechos, nunca disminuirlos, como podría suceder si el resultado de una eventual consulta fuera a favor de no investigar, perseguir y sancionar los delitos, lo cual generaría un fraude a la Constitución y al pueblo de México”.
El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, se ha pronunciado en múltiples ocasiones en favor de respetar el Estado de Derecho, los derechos de las víctimas y el debido proceso, por lo que considera que el proyecto del Ministro abona en el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado Mexicano.
Ojalá que el Pleno de la SCJN respalde este proyecto, porque en efecto, como lo he venido señalando, la consulta no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución de la República, en la Ley Federal de Consulta Popular, viola los derechos humanos y el debido proceso.
En realidad, insisto, lo que pretende el Presidente es evadir su responsabilidad y utilizar la consulta con fines ajenos a la justicia.
Sostengo, y reitero, si el Jefe del Ejecutivo tiene pruebas de que algún expresidente cometió un delito, debe presentar las denuncias ante la Fiscalía General de la República para que se inicien las investigaciones correspondientes; de lo contrario, está asumiendo una actitud cómplice, obstruyendo la justicia, fomentando la corrupción y la impunidad.
