El gobierno de Costa Rica ha tomado una drástica decisión al anunciar la presentación de un proyecto de ley que propone sancionar a las mujeres que aborten con penas de hasta seis años de prisión. Además, se contemplan penas de hasta doce años para quienes realicen abortos sin el consentimiento de la mujer, en un contexto donde el aborto solo es legal en situaciones terapéuticas.
Durante una conferencia de prensa, la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, defendió la propuesta, afirmando que «defender la vida de los costarricenses que todavía no han nacido es una obligación del Estado». Fernández subrayó que el aborto se considera un asesinato, lo que justifica el endurecimiento de las penas.
Actualmente, en Costa Rica, el único tipo de aborto legal es el terapéutico, y las mujeres que causan o consienten su aborto enfrentan penas de uno a tres años de prisión. Con la nueva iniciativa, el castigo se incrementaría a un rango de cuatro a seis años. Por otro lado, quienes realicen un aborto sin el consentimiento de la mujer actualmente enfrentan penas de tres a diez años, que se ampliarían a seis a doce años bajo la nueva ley.
El presidente Rodrigo Chaves, al referirse a este tema, lo calificó como «difícil desde lo filosófico y lo moral», y realizó una polémica comparación al likear el cuerpo de una mujer que opta por abortar con un avión del que se lanza a una persona al vacío.
Desde su legalización en 1970, el aborto terapéutico en Costa Rica ha sido objeto de intensos debates. Sin embargo, fue hasta diciembre de 2019 que se estableció una norma técnica que orienta al personal médico sobre los casos en que es permitido interrumpir un embarazo.
La propuesta del gobierno ha generado reacciones diversas en la sociedad costarricense, y se espera que el debate en el Congreso sea intenso, considerando los diferentes puntos de vista sobre los derechos reproductivos y la protección de la vida.
Con información de DW.
