La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente de Jalisco (PROEPA) ha implementado una clausura parcial temporal en el vertedero municipal de Tala, conocido como «Corral Falso», debido a serias violaciones a la normativa ambiental vigente que ponen en riesgo el equilibrio ecológico y la salud de la población local.
La medida se llevó a cabo tras una inspección realizada el 10 de marzo, en la que se constató que el vertedero no cumplía con la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003. Esta norma regula los aspectos relacionados con la selección del sitio, diseño, construcción y operación de los sitios de disposición final de residuos sólidos. Durante la visita, se detectó que el vertedero no contaba con la autorización necesaria de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) para operar como un relleno sanitario.
Entre las irregularidades observadas, se encontró que los residuos sólidos urbanos y de manejo especial eran depositados directamente en el suelo natural, sin la implementación de sistemas de impermeabilización adecuados, como geomembranas. La falta de un drenaje pluvial también fue motivo de preocupación, ya que esto podría facilitar la infiltración de contaminantes en las celdas de disposición.
Adicionalmente, se constató la ausencia de un área de emergencia para la recepción de residuos en situaciones de desastre o eventualidades, y se observaron cúmulos de basura a cielo abierto, lo que representa un foco de contaminación. No se encontraron monitores de biogás, lixiviados ni acuíferos, lo que agrava la situación ambiental del sitio.
La clausura parcial temporal prohíbe la disposición de residuos en el vertedero, excepto en una celda de tiro temporal emergente de 3 mil metros cuadrados, delimitada dentro del polígono del vertedero. Esta acción se considera necesaria para prevenir un desequilibrio ecológico inminente y proteger los recursos naturales, así como la salud de la comunidad.
La PROEPA ha reiterado su compromiso con la protección ambiental en Jalisco, afirmando que continuará realizando recorridos de vigilancia periódicos para asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental. La clausura se mantendrá hasta que se cumplan todas las medidas correctivas necesarias.
La autoridad municipal tiene un plazo de cinco días a partir de la clausura para presentar los argumentos que considere pertinentes, lo que permitirá continuar con el procedimiento administrativo correspondiente.
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