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Presentan Plan de Seguridad; prevé Guardia Nacional y posible amnistía

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Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, que incluye la creación de una Guardia Nacional que se integrará con elementos de las policías militar, naval y federal, así como la posibilidad de «amnistía condicionada» para infractores.

Consideró que «resulta imperativo hacer un alto para considerar y debatir la necesidad de emprender un proceso de pacificación con las organizaciones delictivas y adoptar modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas.

«Esto es, de leyes especiales para poner fin a las confrontaciones armadas y posibilitar el desarme y la entrega de los infractores, grantizando asimismo sus derechos y ofreciéndoles reducciones de penas, incluso amnistías condicionadas al perdón de personas y colectividades que hayan sido afectadas y proponiéndoles un cambio de vida», expuso.

Indicó que se prevé aplicar estrategias multidimensionales, transversales, incluyentes y radicales dirigidas a atender la crisis en la materia, además de reformas para erradicar la corrupción y rehabilitar la procuración de justicia, entre otras medidas para atacar las causas profundas del auge delictivo y bajar la base social que haya podido generar la criminalidad.

Dio a conocer también que se creará un Consejo de la Construcción de la Paz y una reformulación del combate a las drogas.

Manifestó la necesidad de erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, garantizar empleo, educación, salud y bienestar, así como pleno respeto y promoción de los derechos humanos, una regeneración ética de la sociedad, reformular el combate a las drogas y emprender la construcción de la paz.

Sobre la Guardia Nacional, señaló que «el Presidente de la República encabezará a esta corporación y contará con el apoyo adicional de la Secretaría de la Defensa Nacional”. Con este modelo, afirmó, se tendrá una nueva visión legal de las Fuerzas Armadas que han participado en el combate a la inseguridad.

Reconoció que ante la crisis de violencia delictiva e inseguridad en el país, y dada la descomposición e ineficacia de las corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno, resultaría desastroso relevar a las Fuerzas Armadas de su encomienda actual en materia de seguridad pública.

Admitió que es necesario seguir disponiendo de las instituciones castrenses en la preservación y recuperación de la seguridad pública y el combate a la delincuencia, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 89 de la Constitución.

Anotó que con la creación de la Guardia Nacional se impulsará la modificación de los términos de la fracción XV del Artículo 76 constitucional, a fin de conformarla como instrumento primordial del Ejecutivo Federal en la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública y el combate a la delincuencia en el país.

Los efectivos provendrán de las policías militar y naval, así como de la actual Federal, y se convocará a civiles y a elementos de tropa para que se integren a la formación de nuevos elementos.

Sostuvo que una de las condiciones fundamentales para hacer frente a la inseguridad y la violencia es erradicar la corrupción, con lo cual los índices delictivos se reducirán en forma sustancial.

A su juicio, la reducción de la pobreza, la marginación y la desintegración familiar y social ofrecerá una base perdurable para disminuir la comisión de delitos de toda clase.

Planteó construir una cultura de derechos humanos, tanto en los planes oficiales de estudio como en los instrumentos publicitarios de las distintas instancias de gobierno, y subrayó que se erradicará la represión y nadie será torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado.

Apuntó que el nuevo gobierno no permitirá que se cometan actos ilegales desde el poder y se investigará cualquier denuncia de violación a los derechos humanos.

Se impulsará, por los medios legales disponibles, la liberación de quienes, sin haber cometido acciones violentas, se encuentren en prisión por motivaciones políticas, así como la extinción de imputaciones y causas penales originadas por la participación de los acusados en actos de resistencia legal y pacífica, detalló.

Sostuvo que la regeneración ética será la intención ejemplificante de un ejercicio de gobierno austero, honesto, transparente, incluyente, respetuoso de las libertades, apegado a derecho y sensible a las necesidades de los más débiles.

Consideró que la única acción realista para reducir los niveles de consumo de drogas reside en reorientar de manera negociada y bilateral los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas masivos, pero personalizados, de reinserción y desintoxicación.

Hizo notar que el sistema penal del país enfrenta graves distorsiones y es necesario recuperar el control de los penales de manos de la delincuencia y separar a los imputados de los sentenciados.

Asimismo garantizar que la cárcel no sea un doble castigo para las mujeres, dignificar las condiciones de alojamiento, salud y alimentación de los reclusos y garantizar en general el respeto a sus derechos humanos.

También indicó que se creará una unidad policial especializada en la investigación de lavado de dinero (Guardia de Finanzas) y se dará plena operatividad a la Policía Cibernética.

Finalmente, habrá apertura para la observancia y la participación de organismos de la sociedad civil y de defensa de derechos humanos nacionales e internacionales.

Agregó que el gobierno reconocerá la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para que pueda intervenir en el caso de que se presenten crímenes que pudieran ser considerados de lesa humanidad.

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