Por considerar que se han violado diversas garantías individuales, la Cámara Nacional de Comercio-Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) presentó una demanda de amparo indirecto ante tribunales federales, en contra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como la Secretaría de Gobernación, la Policía Federal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
El amparo fue interpuesto este martes ante el Juez de Distrito en Materia Administrativa, con sede en el edificio ubicado frente al parque “El Llano” y tiene la finalidad de exigir respeto al Estado de Derecho, aplicación de las leyes hacia quienes la han vulnerado y el restablecimiento de la paz social, informó el dirigente del organismo, Jaime Zorrilla.
Expuso que en el caso de la CNTE, es por realizar actos privativos y de molestia que afectan y violan los derechos humanos de los representados en la agrupación empresarial. Asimismo, por impedir el libre tránsito de los comerciantes, prestadores de servicios y turismo; secuestro y toma ilegal de vías de comunicación, carreteras, calles y avenidas principales de Oaxaca, como de otras entidades del país.
Además, por el desabasto ocasionado en insumos básicos para el desarrollo integral de los comercios en actividades de servicios y turismo, así como la “toma” ilegal de instalaciones, cierre de empresas y centros comerciales.
A la Secretaría de Gobernación reclama la omisión de garantizar la libertad de tránsito en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, mientras que a la Policía Federal como a la SCT, a no atender con la debida oportunidad las demandas de la población.
De acuerdo con estimaciones de la Canaco a nivel nacional, en dichas entidades se registran a la fecha pérdidas económicas por 7 mil 500 millones de pesos.
Jaime Zorrilla reprobó que a pesar de que Gobernación coadyuvó a la excarcelación de Rubén Núñez Ginez y de Francisco Villalobos, así como de otros seis dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, no ha habido voluntad para que retiren los bloqueos y las protestas en comercios de la entidad.
Exigió al gobierno federal como al estatal actuar bajo los principios de legalidad y aplicación de las normas, a fin de evitar más daños a la sociedad, a la economía, al turismo y al sector productivo.
